Montero pierde su apuesta y no derribará el hotel del Algarrobico en cinco meses

Hacía un mes que Juan Espadas había renunciado a continuar como secretario general de los socialistas andaluces y poco menos desde que se confirmara el secreto a voces del nombre de su sustituta. María Jesús Montero necesitaba un golpe de efecto en la política andaluza y el 10 de febrero eligió la playa más famosa de la costa almeriense para protagonizarlo. Una convocatoria a última hora y sin pistas del anuncio que vendría después. La vicepresidenta primera del Gobierno, entonces alejada de la polémica surgida con el trío Koldo-Ábalos-Cerdán, aunciaba que el hotel del Algarrobico estaría derribado “en un periodo de cinco meses”. El plazo se cumple este jueves y sigue en pie. Ni siquiera la matización del Ejecutivo que emplazaba dicha conclusión “para finales de año”, puede llegar a cumplirse. Los últimos recursos lo impiden.

Montero apostó por un asunto en el que estaba segura de que iba a recibir poca contestación. Hay pocos, incluso en el mismo pueblo de Carboneras, que no tuercen la mirada ante algo “ilegal” y un “símbolo de la depredación inmobiliaria” por utilizar las mismas palabras que hizo a unos metros del hotel. El anuncio incluía el inicio de la expropiación de los terrenos del hotel que, “de no mediar ninguna decisión judicial que lo impida” (las hubo) debería concluir con la demolición y estará finalizado en un periodo de cinco meses con todas las garantías procesales”.

Dos días después la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que llevaba apenas tres meses en el cargo, se puso manos a la obra. El Consejo de Ministros aprobaba la utilidad pública de los terrenos en los que se asienta. La iniciativa pasaba por tirar la parte cuya titularidad tiene el Ejecutivo central y que llega a la mitad de los más de 32.000 metros cuadrados que tiene la parcela. Así se forzaría a la Junta a intervenir para completar el trabajo y poner en marcha un plan de restauración de la zona ya acordado entre ambas.

El 25 de marzo se abrió el plazo de exposición pública. La promotora, que había permanecido en silencio más de un mes, se pronunció y presentó alegaciones. Por si todo el procedimiento judicial que se ha extendido durante casi veinte años (se cumplen el año que viene) no hubiera sido suficiente, comenzó el administrativo: el 30 de mayo la Dirección General de la Costa y el Mar y una semana después la Abogacía del Estado, desestimaban las alegaciones de Azata.

Falta que se ponga precio al suelo donde se asienta, algo que, según esta última institución, “no debe realizarse como si fueran terrenos urbanizables, ni considerar el hotel como un bien expropiable con valor constructivo, dado su carácter ilegal”, ya que “generaría un enriquecimiento injustificado de la promotora. Azata debe presentar una hoja de aprecio con su propuesta y el Ejecutivo estudiarla y hacer la suya. Vuelta a los tribunales.

La promotora ha recurrido ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, la decisión del Consejo de Ministros de declarar de utilidad pública los terrenos en los que se asienta el hotel. Dados los plazos que manejan las instituciones judiciales, parece poco probable que la decisión definitiva esté antes de dos años. A lo que se agarran desde el Ministerio de Transición Ecológica, es que el procedimiento de expropiación no se detiene. En efecto, Azata no ha solicitado la adopción de esa medida cautelar, aunque puede hacerlo (y es algo que nadie descarta) en cualquier momento del procedimiento.

Mover el avispero

La irrupción de Montero en la supervivencia delAlgarrobico ha servido para que regrese al tablero de la confrontación política. La acusación de que el Gobierno de Pedro Sánchez no había hecho nada en los últimos siete años para terminar con el edificio, fue la primera en escucharse. Y tenían razón. Como también la tenían quien acusaba a su antecesor, Mariano Rajoy, de no implicarse demasiado. Sus dos responsables de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina, no se distinguieron por su diligencia en tratar de buscar una solución al mismo. Ésta última incluso habló de llevarlo ante el Tribunal Constitucional, probablemente la única instancia judicial que no se ha pronunciado sobre el tema. Sencillamente, porque no tenía que hacerlo.

De algo sí ha servido la intervención de la vicepresidenta del Gobierno y, probablemente era su principal objetivo: ha agitado el avispero y ha obligado a todo el mundo a pronunciarse. Especialmente a la Junta de Andalucía, que ha estado en estos últimos de gobierno popular absolutamente silente. Desde que Montero se plantó delante del edificio, cada decisión de ésta ha sido contestada. Primero achacando su oportunismo político y segundo oponiéndose a todo lo que proponía.

De hecho, en el proceso judicial que colectivos ecologistas tienen planteado para que fuera el TSJA quien dictaminara de oficio la nulidad de la licencia de obras, se ha opuesto de manera rotunda. Quiere que sea el Ayuntamiento de Carboneras el único que tome la decisión de declarar nula dicha licencia. Y lo único cierto es que éste va a dilatar todo lo posible la adopción de dicha medida si es que lo hace alguna vez. El miedo a una petición de indemnización millonaria por parte de la constructora que pondría en jaque las cuentas locales durante años, hace que ésta última sea la opción más factible.

El abogado José Ignacio Domínguez es la voz más autorizada a la hora de hablar del proceso judicial llevado a cabo desde hace dos décadas. Sobre el horizonte temporal planteado por Montero asegura que “es imposible derribar el hotel del Algarrobico en cinco meses, en un año e incluso en dos”. Reconoce a este periódico que “a lo más que podemos aspirar ahora es que el expediente de expropiación finalice este año” algo que aún así pone en duda si se tiene en cuenta el último recurso planteado por Azata contra la decisión del Consejo de Ministros de declara lo terrenos como de utilidad pública que “pueden dilatarlo durante muchos años más”.

A su juicio, “el principal escollo para derribar el hotel es el Ayuntamiento de Carboneras, que no cumple ni una sola sentencia y lo lamentable es que la administración de justicia no hace lo necesario para obligar al Ayuntamiento a que cumpla las sentencias que ellos mismos han dictado”. También reparte a la administración autonómica que a su juicio “no hace lo suficiente para poder derribarlo, más bien todo lo contrario”.

Lo cierto es que nadie puede augurar el momento en el que alguien ponga la primera piqueta en los cimientos del hotel. Una vez que se han rechazado las alegaciones de Azata, contra la declaración de utilidad pública de los terrenos, queda que se determine el precio de los mismos para poder proceder a hacer efectiva la expropiación prometida por la vicepresidenta del Gobierno. Tampoco parece que sea el punto final a esta historia. Será, con total probabilidad, recurrido a los tribunales.

Anular la licencia

De hecho, esta es la explicación de la Consejería de Medio Ambiente consultada por este periódico. “La expropiación supondría en la práctica un nuevo proceso judicial, deshaciendo gran parte del camino que ya está iniciado, a lo que habría que añadir un importante coste económico para una solución, a todas luces, vana”.

La Junta insiste en que “ya existe una solución consensuada y adecuada encima de la mesa, avalada por sentencias del TSJA y ratificadas por el Supremo, que es la revisión de oficio de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento”. Lo que obvia el Ejecutivo andaluz es que hasta ahora ha sido imposible llevarlo a la práctica, ni tampoco los órganos judiciales correspondientes han hecho demasiado por hacerse valer. En cualquier caso, la Junta recuerda que “se ha personado en los últimos procedimientos judiciales de 2023 y 2024” que obligan al Ayuntamiento a anular la licencia.

La Consejería aprovecha para recordar a Montero que fue un consistorio del PSOE quien otorgó la licencia –lo cual es cierto– y que fueron los respectivos gabinetes socialistas durante su etapa de Gobierno en Andalucía, quien dio el visto bueno al proyecto y tampoco eso se ha explicado del todo.

El proceso judicial más largo de la historia de España

El 26 de febrero del 2006 el juez de lo Contencioso número 2 de Almería, Jesús Rivera, decretaba en un auto la suspensión de las obras del hotel de la playa de el Algarrobico. Varias denuncias de colectivos vecinales y ecologistas, habían llegado a la justicia. Veinte años después, todavía sigue ahí. Y tiene visos de continuar durante mucho tiempo. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, estamos ante el caso judicial más largo en la historia de España. Valga un ejemplo: el caso de los ERE que parece que lleva entre nosotros desde que recordamos, tiene su primera parada judicial en el año 2019 cuando se dicta la primera de las sentencias. Por entonces, El Algarrobico había cumplido 13 años sin resolverse. En el camino se ha asistido a trece sentencias del Tribunal Supremo y más de medio centenar de otros juzgados y tribunales. Hay una cosa clara y es que no serán las últimas.

La primera sentencia dictada hace veinte años parecía el inicio de un procedimiento urbanístico normal. Uno entre tantos. Colectivos vecinales y ecologistas entendían que el paraje no era urbanizable, plantean su denuncia, la empresa afectada recurre y los tribunales agotan sus instancias hasta llegar incluso al Supremo que toma una decisión. Se acata, se cumple y se termina el caso.

Los primeros ocho años transcurren sin mayores novedades. Se seguía el guión marcado. En 2014 se invierte la tendencia y se embarra todo. La promotora recurre al TSJA la sentencia que obligaba a revisar de oficio la licencia de obras. El TSJA entiende lo que hasta ese momento no había entendido, es decir que los terrenos eran urbanizables. Ese fallo se recurre al Supremo que anuló ese fallo y reconoce que estábamos ante terrenos protegidos.

Para dar una dimensión del embrollo jurídico en el que está inmerso el devenir de este inmueble, este periódico contactó con el Ministerio de Transición Ecológica dos días después de que María Jesús Montero anunciara el inicio del expediente de expropiación. En la respuesta, se citó una resolución del Tribunal Supremo del año 2005, una sentencia del mismo de 2012 y la modificación de Ley de Costas que fue aprobada en 1988.

El hotel está edificado en terrenos en los que nunca debió hacerlo y todavía no encuentra el final de un proceso judicial interminable. Otro ejemplo: el juez Rivera, el mismo que paralizó las obras en 2006 dictaminó dos años después que le licencia de obras era ilegal. La última peripecia judicial vuelve al TSJA que ha apercibido en numerosas ocasiones al alcalde de Carboneras sobre la obligación de que se cumplan varias de sus sentencias para que modificara su Plan General de Ordenación Urbana y declarara los terrenos en los que se asienta el hotel como no urbanizables y para que anule la licencia de obras que dio en 2003. Ninguna de las dos se ha cumplido hasta ahora y el máximo tribunal andaluz no ha sido capaz de hacerse respetar.