La Oficina Antifraude archiva la investigación contra la Junta por el contrato con José Manuel Soto

La Oficina Andaluza Antifraude ha archivado la investigación que abrió a principios de este año, el 28 de enero de 2025, por presunta irregularidades en la adjudicación del contrato menor a la empresa Caminos del Rocío, S.L., de la que es titular José Manuel Soto, por un contrato menor por valor de 14.472 euros para poner en marcha un proyecto turístico en torno a los caminos que llevan hasta la aldea de El Rocío, siguiendo el modelo del Camino de Santiago. La dirección de la Oficina Antifraude, entonces en manos de Marta Blázquez, directora en funciones tras la renuncia de Ricardo Puyol, inició un procedimiento de la revisión de oficio del contrato 2021/921166, en virtud de lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 2/2021 de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

Según la resolución firmada el 30 de diciembre de 2025, la Oficina ahora dirigida por Francisco de Paula Sánchez Zamorano, una vez recabada la información y/o documentación justificativa de las actuaciones llevadas a cabo se ha producido el archivo del expediente. Según consta en la documentación oficial, "se concluye que por parte de la Junta de Andalucía, se han iniciado las actuaciones para la revisión de oficio del expediente de contratación, con vistas a determinar si procede la declaración de nulidad de pleno derecho prevista en su artículo 47.1.g), por aplicación del artículo 39.2 apartado a) y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 131.1, ambos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.»

Atendiendo al informe-propuesta emitido por la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, se considera que el traslado de esta Oficina se ha cumplimentado totalmente y por eso se ha procedido al archivo de la denuncia.

La Oficina Antifraude de Andalucía incluirá este archivo en su Memoria Anual y lo ha notificado a las personas interesadas, tanto a la Administración afectada como a la persona denunciante.