El ex tesorero de la UGT-A Federico Fresneda, uno de los 16 detenidos el pasado 24 de junio en la operación Cirene II contra el fraude las facturas falsas, derivó las posibles responsabilidades de lo ocurrido hacía los líderes de la formación cuando prestó declaración en el juzgado. Fresneda explicó que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "estaban al tanto" del rapel o descuento que algunas empresas aplicaban en las facturas pero que no se descontaban a la hora de justificar las subvenciones públicas. 

En la declaración de Fresneda, que ha trascendido una vez que el juez ha levantado el secreto de sumario -que abarca ya cinco volúmenes y más de 3.000 folios-, el que fuera vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT-A sostiene que el porcentaje correspondiente de rapel solía ser de un 4%, dependiendo de la facturación, aunque negó que pudiera alcanzar al 20% de la facturación y también rechazó que el pago del rapel fuese una "condición indispensable" para poder contratar con el sindicato. 

Preguntado por el fiscal sobre quién decidía las empresas que debían pagar ese rapel, Fresneda señaló que eso se acordaba "en la comisión ejecutiva y por tanto Manuel Pastrana y Fernández Sevilla estaban al tanto". 

Por su parte, el ex secretario de Formación y Cultura de UGT-A Germán Damián Domínguez Soto, quien ha declarado como testigo, aclaró que ese porcentaje era conocido como un "canon revolucionario" por toda la Comisión Ejecutiva, y precisó que en todas las subvenciones que recibía UGT-A para programas de formación o culturales, el departamento de Fresneda retenía el 20%, de manera que al proveedor sólo se le abonaba el 80% restante. 

El juzgado investiga delitos de fraude de subvenciones y falsedad porque, entre otros motivos, esos descuentos no eran a su vez reflejados en la factura con la que se justificaban las subvenciones de la Junta. Para Fresneda, el rapel recibido no se podía descontar de las facturas que se pasaban a la Administración porque "no se sabía qué rapel se iba a recibir si no se había llegado al volumen de compras correspondiente" y porque el rapel se abonaba "anualmente". 

Cuando UGT-A recibía ese descuento del proveedor "ya se había justificado con la factura oportuna ante la subvención que correspondiera", añadió Fresneda, que dijo que incluso se hizo "una consulta oportuna" sobre la cuestión, dado que era "un tema complicado que no se llegó a solucionar". 

El rapel obtenido, continuó el imputado, se ponía en conocimiento de la comisión ejecutiva y del comité regional, del que formaban parte los ex secretarios generales. 

El ex tesorero también declaró que la creación de una central de compras en el sindicato -a la que se adhirieron las uniones provinciales y federaciones regionales- fue idea de Manuel Pastrana, quien "propuso centralizar la realización de pedidos para obtener mejores presupuestos" y quien llevaba además la "relación institucional" con los proveedores, al igual que Fernández Sevilla. 

En el curso de la investigación judicial, la Guardia Civil practicó una serie de pinchazos de los teléfonos de varias personas, entre ellas el propio Federico Fresneda y de la ex directora de Compras de UGT-A Dolores Sánchez Montaño -también imputada-, y del resultado de las escuchas y de otras pesquisas, los investigadores concluyen que existe una "estructura empresarial creada ex profeso supuestamente para justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados". 

Este entramado de empresas estaría integrado por las mercantiles Soralpe I Mas P Asociados S. L., Proyectos Inmobiliarios Novasur S.L., y Geosur Arquitectura y Urbanismo S.L., en cuyos órganos de gobierno "figuran o han figurado responsables de la propia UGT-A". 

Según la Guardia Civil, en los últimos años estas empresas han mantenido "unos importantes flujos dinerarios con UGT-A" que ascienden a 4,9 millones en el perído 2008-2012. Soralpe declaró pagos por 2.252.130,29 euros entre 2008 y 2012; y Geosur Arquitectura y Urbanismo 2.665.377,75. 

Respecto al otro instrumento que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el sindicato habría utilizado para financiarse, conocido como "el bote" o saldo acreedor a favor de UGT correspondiente a facturas emitidas por proveedores y pagadas por el sindicato en las que no se habría prestado servicio alguno, Fresneda aseguró que "no sabe nada", dado que unos tres años atrás hubo una modificación del plan general de contabilidad del sindicato y se implantó un nuevo sistema informático -que utilizaba un software denominado Spyro- para las ocho provincias y que aprobó la comisión ejecutiva. En ese plan figura la palabra bote, pero Fresneda sostiene que lo desconocía y dice que "no sabe más". 

La Guardia Civil explica, en un oficio remitido al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que el contable de UGT-A Francisco Mateos Aparicio Colodrón reconoció en una declaración prestada en enero pasado que la función de la aplicación Spyro consistía en "integrar ambas realidades, la contable y la presentada ante la Junta". De estas manifestaciones, la UCO averiguó cómo UGT-A, con cargo a las subvenciones recibidas para la realización de acciones formativas, "se proveyó de una vía alternativa de financiación a través de la gestión de un bote con determinados proveedores de confianza, así como un descuento en concepto de rapel que previamente se habría acordado con aquéllos proveedores que quisieran contratar con UGT-A, pero que finalmente dicha minoración en el gasto no sería comunicada a la Administración concedente", en este caso la Junta de Andalucía.

De los "balones fuera" de Pastrana a una "jubilación millonaria"

La causa de las facturas falsas estuvo bajo secreto de sumario desde septiembre de 2013 y en el curso de las mismas se practicaron diversas intervenciones telefónicas, entre ellas las del hasta ahora principal imputado, el ex tesorero Federico Fresneda. Éste se reunió con otro sindicalista -Roberto Marín- y el ex secretario Manuel Pastrana la tarde del 19 de diciembre de 2013, el mismo día en que la juez Alaya ordenó una serie de registros en el sindicato y en las empresas vinculadas. Al día siguiente, Fresneda en una conversación con otra persona reconoció que la situación que atravesaba no era ideal después de lo que le había contado la jornada anterior "el amigo", en alusión a Pastrana. Fresneda responde a su interlocutor que "Manolo está echando balones fuera". Unos días después, el 21 de diciembre, la Guardia Civil grabó otra conversación  en la que una mujer le reprochaba a Fresneda que si no le pagaban a su hija los 90 días que le debían, contarían a la prensa un acuerdo firmado por "Manuel Pastrana y Federico Fresneda mediante el cual se aseguraban una jubilación millonaria y para tener la vida resuelta por millones de euros".

Pastrana cobraba 3.000 euros, con chófer, vivienda y una Visa Oro

El ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana tenía un sueldo de 3.000 euros, coche con chófer, alquiler de vivienda y una tarjeta Visa Oro "a su disposición", según reveló a la Guardia Civil el pasado 25 de junio el ex secretario de Formación y Cultura del sindicato Germán Damián Domínguez Soto en su declaración como testigo. Este ex sindicalista señaló que los miembros de la Ejecutiva regional, además de su sueldo en la empresa o administración que fuere, tenían otra retribución de 900 euros en concepto de "gastos de representación". Germán Damián Domínguez afirmó que "le han dicho que Pastrana además cobraba 3.000 euros (aunque no tiene datos para asegurarlo), tenía coche con chófer y además el alquiler de su vivienda y una Visa Oro a su disposición", según recoge la declaración. 

Las empresas del conseguidor Lanzas recibieron 1,5 millones

Según la Guardia Civil, no sólo el sindicato creó un entramado de empresas "ex profeso" para justificar el desvío de los fondos públicos, sino que también benefició a las sociedades vinculadas al ex miembro de UGT y conocido como el conseguidor de los ERE, Juan Lanzas. Los investigadores sostienen que a través de la información remitida por la Agencia Tributaria se han puesto de manifiesto las relaciones comerciales que el sindicato ha mantenido con las empresas vinculadas a Juan Lanzas, en concreto con la sociedad Planificación, Cooperación y Desarrollo, que declaró pagos entre 2008 y 2012 por importe total de 1.552.908,54 euros. Dice la Guardia Civil que para evitar la destrucción de pruebas, después de que se conociera el "borrado" de numerosos archivos informáticos, se procedió al registro de las empresas el pasado 19 de diciembre.