Los efectos del cambio climático ya inciden directamente en la vida cotidiana, empezando por el tajo. El anuncio de las medidas para paliar dichos efectos llegó de manera inesperada este miércoles de la mano de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Se prohíbe el trabajo al aire libre con altas temperaturas. Si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decreta una alerta roja o naranja, las empresas con trabajadores más expuestos al calor deberán protegerlos con medidas adecuadas o, en última instancia, no tendrán permitido desempeñar sus funciones.
Este anuncio se hizo efectivo este jueves en el último Consejo de Ministros, que aprobó el real decreto ley que establece la obligación concreta de prever medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras ante temperaturas extremas. Dicho decreto ley entrará en vigor este sábado.
El Gobierno ha confirmado que estas medidas se sustentan en una evaluación de riesgos laborales que tendrá en cuenta tanto las características de la tarea como las individuales y en el caso de esas alertas obligarán a adaptar las condiciones de trabajo, incluida esa reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista.
Frente a las olas de calor y las temperaturas extremas cada vez más habituales, avanzamos en la protección de las trabajadoras y trabajadores. Hoy en el #CMin aprobamos medidas para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, un derecho laboral básico. pic.twitter.com/b6OwY79xhy
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 11, 2023
El anuncio llega una semana después de que Andalucía haya adelantado la aplicación de su protocolo de calor en los centros escolares y que autoriza a los alumnos a salir del colegio a las 12:00 los días de alerta naranja o roja. También aterriza en un momento especialmente sensible en materia laboral tras conocerse que el año pasado fallecieron 826 personas mientras trabajaban. Esos datos no muestran cuántos fallecieron por causas relacionadas con las altas temperaturas, pero el verano pasado, un trabajador de 60 años murió mientras cumplía con sus obligaciones laborales en las tareas de limpieza viaria en las calles del barrio de Vallecas, en Madrid; y otro perdió la vida en el campo en Lorca (Murcia), donde ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno. Estos dos sucesos conmovieron a la sociedad y llevó a los sindicatos a exigir medidas al Gobierno.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que alrededor de medio millón de trabajadores andaluces podrían verse afectados por la prohibición de trabajar en las olas de calor. Se trata, principalmente, de trabajadores de los sectores de la agricultura, ganadería, la silvicultura y la explotación forestal, la pesca y la construcción.
Hay que precisar que, en este cálculo, este periódico ha dejado fuera a muchos otros empleados de sectores que no constan por separado en el INE y sí son potenciales beneficiarios, como repartidores, instaladores de líneas telefónicas y de internet, trabajadores municipales de servicios de limpieza, jardinería, recogida de basuras, policía, bomberos, personal del ejército, reporteros de calle, carteros de correos o trabajadores de reparto de propaganda, por ejemplo.
La aprobación de esta medida implica la modificación del decreto 486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, endureciéndolo y evitando así que la paralización de la actividad recaiga sobre el criterio de las empresas.
De cara a la adopción de las medidas preventivas, las empresas tendrán que realizar una evaluación de riesgos laborales que tendrá en cuenta tanto las características individuales de los trabajadores como las de las tareas que se desarrollan.
Si la Aemet emite un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo que determine que las medidas preventivas no garantizan la protección de los trabajadores, las empresas tendrán obligatoriamente que adaptar las condiciones laborales de los trabajadores, incluyendo la reducción o modificación de las horas de trabajo previstas.
Las jornadas intensivas, principal arma contra el calor
Las jornadas intensivas es la principal arma con la que cuentan los trabajadores de la construcción y del campo en Andalucía para hacer frente a los frecuentes episodios de altas temperaturas en verano, ya que al desarrollar su actividad en el exterior están más expuestos a los golpes de calor y a otras patología asociadas. Por este motivo, los convenios colectivos de estos sectores productivos recogen desde hace años las jornadas intensivas en período estival para paliar los efectos del intenso calor.
Los convenios son provinciales y, por tanto, se adaptan a la climatología propia de cada zona, pero en general recogen las jornadas intensivas en verano en las obras de construcción y en todas las faenas agrícolas, ganaderas y forestales, especialmente en las recolecciones de cultivos.
De hecho, en el debate que se ha abierto a raíz del anuncio del gobierno de que prohibirá el trabajo al aire libre cuando haya alertas meteorológicas por calor, Andalucía lleva la delantera en España en protocolos laborales para combatirlo dado los registros de altas temperaturas estivales.
El responsable de ASAJA Sevilla Felipe Galloso explica que en Andalucía ya se aplican medidas en el campo, recogidas en los convenios provinciales y otras porque forman parte de la práctica habitual, para combatir las altas temperaturas como facilitar agua y recomendaciones del tipo de ropa y del uso de protectores solares en la piel, entre otras.
En Andalucía, la jornada intensiva en la construcción puede extenderse desde el 1 junio hasta el 30 de septiembre con un horario de 8:00 a 15:00 horas o de 8:30 a 15:30 horas, aunque el calendario laboral varía dependiendo de cada provincia. En el campo, se establecen jornadas en verano de seis horas y media o siete y se completa con trabajo en sábado la jornada laboral semanal o bien se adelanta la hora del comienzo de la faena agrícola.
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