Los trabajadores ponen el foco del atasco en la Dependencia en la falta de personal y de formación

La agilización de las ayudas a la Dependencia es una demanda social que cuenta con la implicación de la Consejería de Igualdad y con los profesionales encargados de su gestión. El problema es cómo abordar de manera eficiente la reducción de plazos, sobre todo en una comunidad como Andalucía con el mayor sistema de la Dependencia de España. Los datos oficiales de la Junta, avalados por el Imserso, son clarificadores: En lo que va de año se ha atendido a 321.000 personas que perciben hasta 491.000 prestaciones. Sin embargo, la espera para entrar en el sistema está en 534 días de media.

La Consejería de Igualdad argumenta que ese plazo supone una reducción de dos años desde 2018, pero los trabajadores de la Junta se quejan de falta de personal y de medios para aliviar las listas de espera. Una realidad que se incrementa a finales de año cuando se acumulan los expedientes.

La Agencia de Servicios Sociales de la Junta ha puesto en marcha un nuevo modelo de gestión para resolver todos los trámites en una sola visita domiciliaria a los demandantes de la Dependencia. Este cambio ha supuesto, según explica a este diario Luis Fernández, portavoz de la plataforma de trabajadores de la Agencia pública, que a los valoradores se les han sumado los profesionales que antes se quedaban en la agencia haciendo trabajo administrativo, “es un cambio sustancial porque no es lo mismo tramitar expedientes, con toda su complejidad, que valorar el grado de dependencia de una persona; que es mucho más que rellenar un cuestionario”. A este personal se suman los más de trescientos que se han contratado dentro del plan de choque puesto en marcha en los últimos seis meses.

La plataforma de trabajadores denuncia “falta de formación” de estas personas “que a penas han tenido dos días de formación y así es imposible”. Los trabajadores de esta plataforma y de sindicato CGT entienden que eso supone una “ruptura del principio de igualdad porque se le puede dar un grado a quien no lo tiene o escatimarlo a otra persona que sí lo tiene”.

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social exponen una situación similar. Hay una instrucción de la Junta, la 1/2023, posteriormente negociada entre la consejería y la UGT, que establece que hay que realizar 13 valoraciones a la semana, dejando libre los viernes para la tramitación administrativa y la preparación de las citas de la siguiente semana.

“Los valoradores llevan sus coches a las visitas, faltan medios”, explica Maribel Peláez coordinadora de servicios sociales de este Consejo, quien añade además que en estos profesionales son la cara de la administración ante los usuarios. Luis Fernández, de la Plataforma de trabajadores, pone el foco en las condiciones laborales. “La gente tiene que saber que nos metemos en cualquier barrio, con personas con problemas mentales en muchos casos, con problemas de conducta, en viviendas aisladas o en zonas peligrosas como Las Vegas en Sevilla. Y vamos solos”.

Los trabajadores denuncian “bajas por ansiedad y estrés” por lo que piden apoyo psicológico para los valoradores, que se tengan en cuenta los riesgos psicosociales a los que se enfrentan y la necesidad de más personal. “Desde dentro se nos ve como enemigos, nos han llegado a decir que los boicoteábamos”, asegura pidiendo colaboración y que se atiendan sus propuestas.