La patronal CEOE ha roto la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla "tramposa y contraria a la buena fe" tras la enmienda, pactada con Bildu, sobre el control por parte de la Inspección de Trabajo de las causas en los despidos colectivos (ERE).

En un duro comunicado, la CEOE considera que la enmienda transaccional es una "traición" al acuerdo alcanzado en la reforma laboral y le pide una rectificación para poder retomar el diálogo en un fin de año marcado por temas clave como el alza del salario mínimo interprofesional (SMI).

"En la medida que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral, y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de EH Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados", añade la nota. Esta actuación, subrayan, "invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable".

A la espera de una rectificación, inciden: "Los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe".

La CEOE esperará esta rectificación de Trabajo y verá en la junta directiva del próximo 21 de diciembre cómo afrontar esta situación con relevantes mesas de negociación abiertas como el SMI, las pensiones o el Estatuto del Becario.

En su comunicado, la patronal también advierte de que esta modificación "tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea".

Mayor papel de la Inspección

Trabajo y Bildu han acordado, vía enmienda en la Ley de Empleo, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que la Inspección de Trabajo elabore un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo.

Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012, sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos.

La Inspección de Trabajo deberá elaborar un informe sobre cada ERE en el que constate la concurrencia de las causas especificadas por la empresa para alegar el despido colectivo. Esta medida dará a la Inspección de Trabajo "un papel decisorio en la supervisión y el control de los despidos colectivos para que obedezcan a causas objetivas", según subraya Bildu.

La enmienda transaccional aprobada recoge que la autoridad laboral recabará "con carácter preceptivo" el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá ser evaluado en 15 días desde la notificación de la finalización del periodo de consultas para incorporarlo al procedimiento.

"El informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir", detalla la enmienda.

Sin reintroducir la autorizacin previa

La Inspección de Trabajo, por tanto, "evaluará y emitirá su conformidad o no sobre las causas alegadas por la empresa para la ejecución del despido colectivo, aportando así una medida de protección laboral capital para los trabajadores y trabajadoras frente a las empresas", destaca Bildu.

Este cambio, que se incluirá en la ley a través de una modificación del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, no supone una recuperación de la autorización administrativa de los ERE previa a la reforma laboral de 2012 sino un mayor papel de la Inspección en el control de estos despidos colectivos. La autorización administrativa previa se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor.

A mediados de octubre, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó en un acto en Sabadell que se estaba ultimando un cambio normativo en este sentido. "Hemos modificado la norma para que la Inspección de Trabajo sea quien controle las causas que dan curso a un expediente", aseguró en esa fecha.

En ese momento, Díaz descartó reintroducir la autorización administrativa de los ERE que existía antes de la reforma laboral del PP y que daba la última palabra sobre estos expedientes a las administraciones autonómicas. La autorización administrativa previa ya se recuperó durante la pandemia para los ERTE por fuerza mayor.