La vicecepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló este lunes que en base a los análisis técnicos y la información disponible hasta el momento "hay serias dudas" sobre los argumentos que ha esgrimido públicamente Ferrovial para explicar el traslado de su sede social a Países Bajos.

De hecho, ha reconocido que el Gobierno está estudiando en qué medida hay una diferencia en la normativa española con respecto a la de otros países europeos, preguntada por posibles cambios en la ley de cara a tener mayores facilidades para debutar en la Bolsa de Estados Unidos, como ha apuntado Ferrovial entre los motivos de este traslado.

Calviño ha insistido de nuevo en que el Gobierno no comparte esta decisión, que demuestra además una falta "total" de compromiso con España, según ha subrayado este lunes en declaraciones a los medios con motivo del acto 'Mujeres protagonistas en la era digital' en la sede del Ministerio.

Más allá fue aún la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que avanzó sobre la anunciada marcha de Ferrovial a los Países Bajos, que le parece "un acto político de Rafael del Pino", el presidente de esta empresa, que el Gobierno está analizando si puede actuar dentro del "marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos" establecido por la crisis.

Se trata de ver si "se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario", ha explicitado.

Igualdad de trato en los concursos públicos

Preguntada por si la empresa tiene que ser penalizada en los concursos públicos, Calviño ha agregado que se tiene que aplicar la ley y la igualdad de trato y todas las reglas nacionales e internacionales por lo que respecta a la contratación pública.

Ha indicado que estos días se están analizando "con detalle" los distintos argumentos e implicaciones y la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos lo que arrojan es que hay serias dudas sobre los argumentos utilizados por Ferrovial para tratar de explicar esta decisión.

Sobre las consecuencias de estos análisis, ha añadido que las decisiones las tiene que tomar la empresa y que no quiere adelantarse a las conclusiones de los análisis técnicos que están desarrollando entre los distintos ministerios y también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"No se trata de uno u otro Gobierno, se trata de compromiso con España", ha manifestado.

A este respecto, ha reiterado: "Todos los gobiernos de nuestro país, de uno u otro signo, han apoyado decididamente a Ferrovial, como se apoya a todas las grandes multinacionales españolas que han nacido y crecido gracias a la economía española, gracias a los contribuyentes de nuestro país y a las que hemos apoyado en el ámbito internacional de forma decidida".

Los principales grupos de infraestructuras de España han eludido pronunciarse públicamente y de forma colectiva sobre el traslado de Ferrovial a Países Bajos, no así el presidente de la patronal Seopan, quien a título personal ha salido en su defensa denunciando las descalificaciones del Gobierno.

Diferencias entre las constructoras

A punto de cumplirse una semana del sorpresivo anuncio realizado por Ferrovial, las grandes compañías se han desmarcado del comunicado enviado el pasado viernes por Seopan, que horas más tarde se atribuyó únicamente su presidente, Julián Núñez, dejando de manifiesto que "ni la intención de emitirlo, ni su contenido, fueron puestos en conocimiento de las empresas asociadas previamente".

Seopan, que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, integra a empresas como la propia Ferrovial, ACS, Acciona, Abertis, FCC, Sacyr, OHLA, Itínere, Comsa o Grupo Sanjose, competidoras en su gran mayoría.

Tras las duras críticas vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros contra la decisión de Ferrovial y el señalamiento de su presidente, Rafael del Pino, tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, quisieron trasladar su mensaje a la opinión pública.

Mientras que Garamendi advirtió de que los ataques a los empresarios desde el Gobierno estaban causando una situación peligrosa y generando un mensaje en España y fuera de inseguridad; Alén apuntaba que había que tener compromiso con el país también desde el Boletín Oficial del Estado (BOE), al tiempo que denunciaba los ataques que están sufriendo los empresarios y la inestabilidad normativa.

Tras ello, el viernes Seopan mandó un comunicado en el que denunciaba las "injustas descalificaciones" vertidas contra Ferrovial desde dentro y fuera del Gobierno, y anunció que ejercería cuantas acciones fuesen necesarias si se llegara a vulnerar la legalidad vigente y se producía un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad en España.

De hecho, algunos políticos ya estaban planteando la posibilidad de excluirla de los concursos públicos e incluso revisar los contratos ya en vigor.

Además, en el comunicado se decía que en esta decisión no había un ánimo de beneficiarse de una menor carga impositiva, que se hacía en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento con la legalidad española y comunitaria, y que no afectaría a la actividad de Ferrovial en España.

Ocho horas más tarde del envío del comunicado, su presidente Julián Núñez mandaba una aclaración al respecto y decía que las opiniones vertidas en el comunicado debían considerarse única y exclusivamente como suyas.

Algunas de las empresas asociadas lamentan que no se les informase previamente del contenido de este comunicado, que no fue consensuado antes de su difusión.

Desde el ámbito empresarial también se ha pronunciado el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, quien mostró su deseo de que la decisión de Ferrovial, que da por hecho que estará muy meditada, no siente precedentes y otras empresas sigan los mismos pasos.