Rafael Salgueiro

Economista

Ferrovial y un Gobierno estupefacto

El autor se muestra crítico con la reacción del Ejecutivo al anuncio de una empresa que, en el libre ejercicio del movimiento de capitales, ha decidido trasladar su matriz a Países Bajos

Ferrovial ha comunicado a la CNMV que en su próxima Junta General someterá a aprobación la propuesta de fusión por absorción con su filial domiciliada en los Países Bajos. Se trata de una fusión inversa mediante intercambio de acciones en la que la filial Ferrovial International SE absorbería a la matriz Ferrovial, S.A., quedando la primera con la totalidad del patrimonio, derechos y obligaciones y estableciéndose la sede social en Ámsterdam. El plan es comenzar a cotizar en junio en los Países Bajos y a finales de año en la bolsa de Nueva York. La empresa ha establecido algunas condiciones para que esta operación se lleve a término; entre ellas, que los accionistas no ejerciten un derecho de separación cuyo importe sea superior a 500 millones de euros y que exista seguridad en cuanto a la admisión a cotización en los mercados bursátiles objetivo. La cotización en la bolsa de Nueva York es la verdadera causa y puede no ser ajena, dadas sus actividades en EEUU, al proteccionismo que se está estableciendo en ese país.

La mera pretensión de ejercer un derecho reconocido a cualquier empresa establecida en la Unión Europea, ya que existe libertad de movimiento de capitales, ha sido respondida por varios ministros españoles de una manera sorprendente por su dureza e incluso por algunos calificativos que se han empleado desde los primeros momentos. Pero en este caso se está superando la línea acostumbrada de los capitalistas codiciosos, fuerzas ocultas y demás. Se está aterrizando en algo que es verdaderamente preocupante y que no es otra cosa que tratar de impedir que se haga realidad una decisión meramente empresarial, ya sea pidiendo ayuda a la CNMV o tratando de aplicar –retorciendo– la normativa que no ha sido creada para esto. Lo sorprendente es que las críticas y los intentos de impedir el traslado no hayan partido de las agitadoras habituales, sino de miembros muy cualificados de este Gobierno. Y esto es lo más preocupante de todo, porque es un atisbo de tentación totalitaria que no habíamos visto hasta ahora.

No cabe duda de que la enojada respuesta del Gobierno se debe a que el traslado de Ferrovial puede tener un alto valor simbólico, hacia el interior y hacia el exterior de España. Si no, no es posible explicar tanto revuelo por el cambio de sede de una empresa que factura en España menos del 20% de su cifra de negocio (7.500 millones de euros) y tiene aquí un 20% de su plantilla total (24.200 empleados). La reacción servirá de aviso a navegantes para otras empresas que pudiesen caer en la misma tentación, pero es también una alerta para los foráneos que puedan estar pensando en establecerse en España.

La “codicia” que algún ministro ha señalado como mala consejera de la decisión no se compadece muy bien con las estimaciones del posible ahorro fiscal que se han publicado. Simplemente, no justifican un cambio de sede social de esta naturaleza y, además, no es necesario que la totalidad de la cúpula directiva de la empresa, presidente incluido, traslade su residencia. Obviamente, las actividades de Ferrovial en España seguirán pagando los impuestos que aquí les correspondan, como lo hacen en cada uno de los países donde está establecida. Y, en todo caso, cualquiera que fuese la merma para las arcas públicas no justifica la reacción gubernamental que hemos visto.

Merece la pena detenerse en los argumentos utilizados por ministra de Trabajo, quien ha afirmado ha afirmado que “Ferrovial se acogió a varios ERTES y se salvó con dinero público”. Pero la finalidad de este instrumento no es sólo para “salvar empresas” sino también para mantener el empleo, de ahí la obligación de volver a integrar en la plantilla a las personas acogidas. Una alternativa habría sido un despido perfectamente justificable por causas económicas, habida cuenta de lo sucedido durante la pandemia, con lo que la empresa se habría salvado por sí misma sin mayor coste que el de las indemnizaciones y volver a contratar empleados cuando la actividad ha ido volviendo a la normalidad. No ha sido “salvar a una empresa con dinero público” que de otra forma habría sido utilizado para pagar el desempleo de los despedidos. Es importante tener en cuenta que la normativa de estos expedientes de regulación temporal conlleva volver a incorporar a las personas, pero no prevé que fuese obligatorio mantener la sede social en España. También esta ministra ha instado a “mantener los puestos de trabajo en este país, más de 5.000 así como todas las inversiones”. Pero esto no había ni que decirlo porque seguro que lo hará, no hay duda, salvo que se viese excluida de la contratación pública. Ferrovial no es una empresa industrial que haya decidido trasladar su producción y clausurar su actividad fabril de España, de forma que seguirá construyendo o prestando servicios allí donde resulte ganadora de un concurso al que se haya presentado. Obvio es decir que cualquier empresa de la UE puede presentarse a cualquier concurso en cualquier país miembro, de ahí la obligación de publicación de los concursos públicos en el DOCE.

Otras voces has señalado que Ferrovial “le debe todo a España”, pero supongo que será porque aquí nació en 1952 y ha crecido hasta su internacionalización ejecutando contratos públicos ganados en concurso. Yo, personalmente, no creo que nos deba nada porque tengo que dar por supuesto que los contratos habrán sido ganados en buena lid y las obras o prestaciones de servicios se habrán realizado a satisfacción de la administración contratante. Hay que reparar en el hecho de que en las críticas se están incorporando consideraciones morales respecto a cuáles son los comportamientos aprobables o reprobables de una empresa, más allá de lo que ya establecen las normas legales o los comportamientos generalmente valorados. Y esto es serio, porque denota el atisbo de la tentación totalitaria que he mencionado más arriba.

Con todo, las reacciones más sorprendentes han provenido de la ministra de Economía, una alta funcionaria de la Comisión Europea, que no se ha limitado a expresar su rechazo y descontento, sino que ha pedido que la CNMV informe sobre la ausencia de limitaciones o desventajas para que una empresa con sede en España cotice en las bolsas internacionales que le convenga. Y parece también dispuesta a que se cuestione la legalidad de la decisión con el objetivo de impedirla.

Naturalmente que hay comportamientos empresariales valorados por la sociedad (y por los analistas de inversión) que no vienen determinados por la ley. Pero resulta que, en este campo, justo en el ámbito de la responsabilidad social, sostenibilidad, igualdad y demás, Ferrovial es casi un campeón. Está incluida en Dow Jones Sustainability Index y en FTSE4Good (desde hace 20 y 18 años, respectivamente); clasificación “A” en Carbon Disclosure Project; y lleva 7 años en STOXX Global ESG Leaders, por no mencionar los reconocimientos en buen gobierno y en igualdad. Pues aun con todo esto, que no es nada fácil de lograr, el presidente del Gobierno ha afirmado que hay características de la responsabilidad del empresario que no se dan en el caso del presidente de Ferrovial. Será necesario crear un nuevo índice para medir el grado de obediencia a las instrucciones y deseos del gobierno. Para ir avanzando propongo el nombre: FPPS Obedience Index (siglas de Firme en Primera Posición de Saludo)

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