Estos días se produce una visita de una comisión parlamentaria europea a España, para conocer la ejecución de los fondos europeos Next Generation. Ello ha provocado una serie de comentarios muy poco técnicos y la mayoría con intereses políticos, en función de unos signos u otros del arco ideológico.

Creo que se requieren algunas explicaciones que pueden justificar la situación.

El Parlamento Europeo es una institución de la UE, del mismo calibre que el Consejo, la Comisión o el Tribunal de Justicia, pero no funciona igual que los parlamentos nacionales a los que estamos habituados. Sus competencias son mucho más limitadas y, aunque tiene un rol legislativo, este es diferente, porque dispone de un sistema de codecisión, en el que se requiere también la intervención necesaria del Consejo (es decir, de los representantes de los gobiernos).

En la elaboración del presupuesto europeo es también competente junto al Consejo, por lo que tiene capacidad para establecer los niveles de gastos, su distribución, el establecimiento de las prioridades, etc.

Para 2023, los compromisos presupuestarios han ascendido a un total de 186.600 millones de euros para ejecutar actividades en el campo del mercado único, innovación y economía digital; de cohesión, resiliencia y valores; recursos naturales y medio ambiente; migración y gestión de las fronteras; seguridad y defensa; vecindad y resto del mundo; administración pública europea; y otros instrumentos especiales.

Quien audita las cuentas y la legalidad de las operaciones es el Tribunal de Cuentas Europeo, quien recomienda al Parlamento la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto, que es la institución responsable de dicha ejecución.

Como todo parlamento, el Parlamento Europeo dispone de una Comisión de Control Presupuestario, que hace el trabajo de control más efectivo y que hace recomendaciones al plenario. Por supuesto, el plenario no tiene por qué seguir sus recomendaciones.

Ya media España sabe que esta comisión está presidida por la alemana Monika Hohlmeier y está compuesta por 29 miembros más la presidenta (cinco alemanes, cinco franceses, cuatro polacos, tres rumanos, dos italianos, un español, un checo, un belga, un portugués, un irlandés, un croata, un húngaro, un finlandés, un chipriota, un austriaco y uno de Países Bajos), de 16 Estados diferentes.

De los 10 europarlamentarios que están en Madrid, dos son españoles, Isabel García Muñoz (del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, PSOE) y un Miembro Suplente de la Comisión, Jorge Buxadé Villalba (del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, VOX). Acompañan, como observadores, cinco europarlamentarios españoles, de distintos partidos, que no disponen del derecho de voto, en esta fase de actuación de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.

¿Para qué han venido a Madrid? Para “evaluar sobre el terreno la aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, incluido el cumplimiento de hitos y objetivos, y en particular los sistemas de gestión, auditoría y control en vigor”.

¿Por qué? Porque la financiación de este programa Next Generation se canaliza a través de un mecanismo de resultados, a diferencia de otros fondos europeos, como los programas de cohesión o los agrícolas. Por tanto, los parlamentarios europeos tienen derecho a hacer un seguimiento de la ejecución de este nuevo mecanismo, para detectar si los hitos propuestos por el Gobierno se han conseguido.

¿Por qué a España? Sencillamente porque España ha sido el primer Miembro de la UE en recibir estos fondos (10.000 millones de euros en 2021 y otros 6.000 millones más este año), por lo que no hay precedentes, pero todo hace pensar que estas visitas se irán produciendo en tanto en cuanto los Estados Miembros vayan ejecutando el programa.

Hohlmeier ya se quejaba, en el informe de gestión presupuestaria de 2021, de “la ausencia de metodología, la falta de transparencia y otras dificultades para que la UE verifique el uso de los fondos”. Por supuesto, el que esta Comisión haya sido tan relevante, quizás haya sido el propio Gobierno quien la haya realzado porque no son “Hombres de Negro” ni el Gobierno está obligado, ni los Ministros del Estado tienen que dar tantas explicaciones, ni siquiera recibirlos protocolariamente. Es verdad que todo lo que sea poner trabas, puede interpretarse en sentido negativo, pero las explicaciones pueden darse en niveles técnicos inferiores.

En cuanto a que recojan quejas de las Comunidades Autónomas, quisiera recordar que el Estado Miembro de la UE es el Reino de España y, además, es el único responsable, frente a la UE, por lo que, más allá de ser informados del modo soberano en el que España distribuye o ejecute los fondos, es una competencia exclusiva del gobierno central.

Hay a quien le ha sorprendido que la presidenta de la Comisión Parlamentaria Europea, haya preguntado al Gobierno por el alcance de la reforma del delito de malversación de fondos. Creo que cualquiera puede comprender que esa reforma podría implicar a la gestión de los fondos europeos. Parece lógico, pues, recibir información relevante en este sentido, sobre todo para una alemana. En el informe final de esta visita, estoy seguro que se establecerán recomendaciones para proteger los intereses financieros de la UE, que es la de todos sus ciudadanos.