La consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha llegado a un acuerdo con todas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) -Asaja, COAG y UPA- y Cooperativas-Agroalimentarias, para plantear alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac). Así lo ha comunicado la consejera del ramo, Carmen Crespo, tras la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria en la Consejería, quien ha informado de que el texto de las alegaciones se presentará antes antes del 1 de marzo. 

Entre las principales alegaciones que figuran en el documento único destaca la petición de que se flexibilicen, de manera definitiva, las prácticas medioambientales exigidas con la nueva PAC. El texto recoge también la pertinencia de un rediseño de las regiones de la Política Agraria Común, especialmente para las comarcas de la Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera y La Loma de Jaén, que son las que más fondos pierden con la nueva PAC.

El documento único traslada al Ejecutivo central la petición de que se aumenten los criterios para la fijación de las cuantías económicas de los ecorregímenes, teniendo en cuenta otras variables como la estructura del suelo o de las explotaciones. A ello se suma la demanda de equiparar las ayudas a la remolacha del sur con la del norte del país, así como una ayuda asociada específica para el girasol y los frutos secos de Huéscar, Guadix y la comarca de Los Vélez (Almería).

Otro aspecto importante es la modificación del concepto de agricultor activo. Los firmantes de las alegaciones conjuntas entienden que debe considerarse suficiente con demostrar actividad agraria, aunque se compatibilice con otras actividades.

En el caso del cuaderno digital de explotación agrícola, y debido a los efectos que están teniendo en el sector la guerra en Ucrania, los elevados costes de producción, la inflación y la sequía, es preciso que se proceda a un aplazamiento hasta septiembre de 2024, y hasta el mismo mes de 2025 en el caso de las pequeñas explotaciones. En cualquier caso, el documento realiza una petición expresa de que se conceda un tiempo voluntario y en prácticas a los productores para poder familiarizarse con el mismo.

Por otra parte, como territorio con la mayor superficie de agricultura ecológica de España, con más de un 29%, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias solicitan que este tipo de producción sea considerada como un ecorregimen per se.

Carmen Crespo ha subrayado la importancia de que “nuestra comunidad autónoma, que cuenta con uno de cada tres perceptores de la PAC en nuestro país, tenga una voz unánime en la tarea de defender nuestro campo ante la nueva PAC”. La consejera se ha mostrado “esperanzada” de que el Gobierno de España sea receptivo a las peticiones unánimes de Consejería y sector agrario. Y es que se está ante “unas propuestas consensuadas que son vitales para el conjunto de la sociedad andaluza y las zonas rurales donde vive el 66 por ciento de la población”. Por tanto, “abordamos cuestiones cruciales para el futuro de nuestra agricultura y los jóvenes que, de forma más asidua, se están incorporando a ella”.

La consejera se ha mostrado “orgullosa” por el entendimiento y la alianza lograda, una vez más, en Andalucía en defensa de los intereses de todo el sector agrícola. Es, precisamente, “esa fortaleza la que hará posible que todos trabajemos en la mejora de una Política Agraria Común, con menos pérdidas y más adaptada a la realidad de nuestro campo”, ha explicado.

La Consejería ya trabaja en la modificación y el diseño de medidas que compensen las pérdidas que finalmente pueda conllevar la PAC en Andalucía. Al respecto, Crespo ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas agroambientales, que vendrá con novedades y mayor simplificación para una mejor articulación.