Nueva Rumasa pide el preconcurso para diez de sus empresas para evitar la insolvencia de las mismas
El grupo de empresas de la familia suma una deuda bancaria total de 700 millones de euros, frente a un patrimonio de 6.000 millones de euros.
Diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar con los acreedores un plan de pagos y evitar así entrar en suspensión de pagos.
Las empresas Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Ibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el equipo de fútbol del Rayo Vallecano han comunicado hoy a los juzgados esta medida, ha anunciado el patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, en una rueda de prensa en Madrid, junto a seis de sus hijos.
Según la familia Ruiz-Mateos, esta medida se ha adoptado para proteger los intereses de los empleados y de los inversores que han depositado en el grupo su confianza. La deuda bancaria de las empresas del grupo Nueva Rumasa asciende a 700 millones de euros y, según José María Ruiz-Mateos hijo, la mayor parte corresponde a las diez empresas que se han acogido a este procedimiento de la Ley Concursal.
Los miembros de la familia Ruiz-Mateos han asegurado que esta medida no va a afectar al día a día de las empresas ni al patrimonio de Nueva Rumasa, que han cifrado en 6.000 millones de euros.
Han añadido que con esta decisión se garantizan los puestos de trabajo y los fondos que 5.000 inversores han depositado en la compañía a través de los pagarés y participaciones emitidas.
José María Ruíz Mateos hijo ha avanzado que la renegociación que ahora comienza con los acreedores no comportará ninguna quita sino aplazamientos de pago, aunque no ha querido precisar el tiempo. Según ha explicado, el grupo está en conversaciones con un inversor extranjero para conseguir hasta 500 millones de euros, primero a través de un crédito y posteriormente mediante la toma de una participación minoritaria.
José María Ruiz-Mateos padre ha criticado al Banco Santander y ha asegurado que la entidad no sólo le cortó el crédito sino que, además, le exigió amortizar la mitad del mismo, un movimiento que -ha dicho- les llevó a captar pasivo de inversores particulares. En este sentido, ha mostrado su firme compromiso de que todos estos inversores cobrarán tanto el principal como los intereses. Sin embargo, la compañía no ha querido precisar a cuánto asciende el capital que estos 5.000 inversores han invertido en el grupo.
"Que todos sepan que pagaremos todo cuanto corresponde y que, si no lo hacemos, nos pueden repudiar, desearnos lo peor y pedirnos cuanto haga falta", ha señalado el patriarca del grupo. Por su parte, Ruiz-Mateos hijo ha subrayado que el acogimiento de estas diez empresas al procedimiento especial de la Ley Consursal es reversible con la puesta en marcha de los planes de negocio que se han planteado para cada una de las compañías.
Asimismo, ha quitado importancia a las pagas atrasadas en algunas compañías del grupo como Clesa, Royne y Quesería Menorquina y ha asegurado que no son motivo de preocupación porque se van a abordar. Ha pedido a los sindicatos que, si bien tienen que hacer su labor, sean responsables y consecuentes de su situación.
Por último, ha explicado que están paralizadas las operaciones de venta de inmuebles con alquiler posterior ("sale lease back") que habían encargado a un operador americano para que consiguiera 200 millones de euros.
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