La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una prórroga adicional de seis meses para seguir investigando la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, ya que el plazo legal de un año que tenían los fiscales para la práctica de diligencias finaliza el próximo 8 de marzo, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.

De esta forma, se prevé que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apruebe la prórroga en los próximos días mediante la redacción de un "decreto motivado", tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Las mismas fuentes descartaron la presentación inminente de una querella contra la familia Ruiz-Mateos por presunta estafa en la emisión de pagarés, lo que daría inicio a un proceso judicial contra ellos por estos hechos.

Además, explicaron que, por el momento, las investigaciones se centran en determinar el destino del dinero aportado por los inversores, por lo que las investigaciones podrían ampliarse a  presuntos delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes.

En este sentido, también aclararon que se han localizado cerca de 900 inversores particulares frente a los 5.000 que los propietarios de Nueva Rumasa aseguran tener. Este listado incluye a los depósitos entregados al holding empresarial en las cuatro emisiones de pagarés realizadas desde febrero de 2009 hasta finales de 2010. 

Las inversiones van desde un mínimo de 50.000 euros hasta un máximo de 3 millones de euros, a través de las sociedades Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y José María Ruiz-Mateos y dos de participaciones sociales correspondientes a Dhul y Clesa.

Fuentes jurídicas consultadas aseguraron que existen inversores que depositaron cantidades de hasta 10 millones de euros. La familia Ruiz-Mateos comercializó la emisión de pagarés con el objetivo declarado de adquirir nuevas sociedades y abrir nuevas líneas de negocio.