Productividad, esa palabra maldita

En realidad, la palabra “productividad” no debería ser maldita. Todo lo contrario. Es la clave del crecimiento económico y la prosperidad de toda sociedad. Sin embargo, parece maldita porque se habla muy poco de ella en círculos oficiales. Se ha hecho muy poco por mejorarla en nuestro país. La verdad, también en otros de nuestro entorno. Se ha preferido apostar prácticamente de modo exclusivo por medidas sociales, que son de más de carácter paliativo que proactivo, siendo estas últimas las que favorecen el bienestar futuro. En determinados momentos esas medidas de apoyo social son muy necesarias, como fue la pandemia o la brutal guerra de Ucrania. Una sociedad avanzada debe enorgullecerse de proponer y aprobar medidas de este estilo, para que nadie se quede atrás en un revés económico. A pesar de esto, siento sana envidia de los países nórdicos donde el estado de bienestar y el esquema de medidas sociales es el más desarrollado. Eso sí, a la vez, su población entiende –y por ello, sus políticos también– que, sin esfuerzo mejorado, sin productividad (de todos), esa prosperidad no se sostiene. Y en esos países es lógico que se planteen propuestas innovadoras como la jornada semanal de cuatro días, entre otras. Medidas que en países con graves disfuncionalidades del mercado de trabajo sería inadecuado aplicar ya. Como en España. No hay apetito político para las reformas necesarias que incrementen continuamente la productividad, o mejoren la potencialidad del mercado de trabajo. Ningún cambio que pueda tener un impacto negativo electoralmente. Ese cortoplacismo lleva entre nosotros al menos dos décadas, ningún gobierno ha sido excepción. Pasa factura como país y lo peor quizás esté por venir. Las comparaciones hay que manejarlas con cautela, pero, debe constar que, si la productividad media del trabajo en la UE27 es 100, en España es 92, lejos de los grandes países del bloque. Eso implica también dificultades para prosperar: el salario medio anual en la UE es 33.511 euros. En España 28.184 euros.

La Real Academia de la Lengua define “productividad” como capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc.”. Para que esa capacidad mejore y podamos producir más y mejor por trabajador, empresa o la unidad que consideremos, hacen falta que muchas cosas encajen. Por supuesto, son necesarias una adecuada formación de las personas y una inversión suficiente e innovadora de las empresas, pero los gobiernos tienen mucho que decir en materia de creación de incentivos, o al menos de no introducir algunos que sean perversos. Sin duda alguna, un incentivo central es poner –junto al conjunto de partidos políticos– el foco de la productividad en el debate público, fomentarla desde la escuela a todos los estratos de la educación, para que se pueda aspirar a convertirnos en una sociedad con un mayor potencial de bienestar. El papel de acompañamiento del sector público a trabajadores y empresas es estratégicamente de gran relevancia.

Hay desafíos para todos. En primer lugar, el sector empresarial, que debe ser el eje inversor y de apuesta por la innovación, siendo esta última clave para aumentar la productividad. Empresarios en mayúsculas, y que los hay en abundancia en nuestro país, a pesar de las muy desafortunadas críticas de las últimas semanas. Por supuesto, como en todos los ámbitos, existen empresarios más cortoplacistas y especulativos. Sin embargo, desde la pandemia, se ha podido comprobar la resiliencia de nuestras empresas. Eso sí, la apuesta por la productividad debe redoblarse, para todo tipo de empresa, sea cual sea su tamaño o rama de actividad, que además de contribuir al crecimiento, permitirá unas mejores remuneraciones de sus empleados.

En cuanto a los trabajadores, gran parte de las disfuncionalidades del mercado laboral español permanecen a pesar de las dos reformas de la última década. Algunos elementos han podido mejorar –salario mínimo, temporalidad– ya que se el empleo no se ha resentido apenas a pesar los tremendos shocks que ha experimentado la economía española desde 2020. Es cierto que la naturaleza de la crisis actual –que además implica inflación– es distinta de la financiera e inmobiliaria de 2008 a 2012, que colapsó un sector intensivo en mano de obra y sobredimensionado como era el de la construcción. En todo caso, el mercado de trabajo, aunque sigue manteniendo una comparativamente embarazosa tasa de paro a escala europea, no se ha desmontado como un castillo de naipes como ocurrió en la década anterior. Bajar el desempleo a niveles europeos va a costar y mucho. De hecho, los últimos datos ya están reflejando un cierto agotamiento en ese “buen” comportamiento de los últimos años. La apuesta debe ser clara: más y mejor educación y formación (incluido el reciclaje de personas más “senior” y una reforma de gran calado de políticas activas de empleo) e incentivos correctos para aumentar la tasa de actividad y de ocupados. No hay otra. Trabajar es el plan A, y el plan B (estar desempleado o en búsqueda de trabajo) debe estar desincentivado y reservado solamente a situaciones de infortunio personal.

Debe ser una prioridad romper el círculo vicioso de baja productividad, limitado crecimiento económico, bajos salarios y disfuncionalidades del mercado laboral. Si se logra incrementar la productividad, se logrará un mayor crecimiento económico, se atraerá nuevo capital e inversión, nuevo y mejor empleo, y otros problemas se aliviarán. Por ejemplo, la pesada e insostenible mochila de las pensiones o de la deuda pública en general, es más fácil de llevar si hay mayor productividad y crecimiento económico. En pocas palabras, la productividad debe dejar de estar maldita en círculos oficiales porque sería la medicina que acabaría con gran parte de nuestros males.