Alta tensión en el sector eléctrico. El Gobierno ha presentado un real decreto para fomentar el consumo de carbón nacional en el que garantiza el pago de un precio fijo a cada una de las nueve centrales térmicas españolas por megavatio hora producido. Las plantas, cada una de las cuales tendrá un tope máximo unitario de producción, recibirán de media ponderada de 57,32 euros por megavatio hora (MWh). Las térmicas beneficiadas son dos de Endesa (Compostilla y Teruel), una de Endesa y Gas Natural-Unión Fenosa (Anllares), dos de Gas Natural-Unión Fenosa (Narcea y La Robla), dos de E.ON (Escucha y Puente Nuevo, situada en la localidad cordobesa de Espiel), una de Iberdrola (Velilla) y otra de HC (Soto de Ribera). La entrada en producción de centrales de carbón nacional será compensada con la desconexión de la red de otras plantas térmicas que utilizan gas, fuel o carbón no autóctono.

La polémica está servida. Las compañías eléctricas consideran que este decreto, sumado a otras partidas que engordan los costes de la tarifa eléctrica, obligará inevitablemente a aplicar subidas en el precio de la luz en la próxima revisión trimestral de enero, según fuentes del sector consultadas por Europa Press. Las empresas dan por hecho que tras la aprobación del decreto del carbón difícilmente podrá cumplirse el objetivo de que en 2009 se genere un déficit de tarifa inferior a 3.500 millones de euros. Este límite había sido fijado por el Gobierno en el Real Decreto 6/2009, que intenta resolver el problema del desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema de generación. La nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) se calcula conforme a una fórmula automática en la que, aparte de los precios de la energía, se tiene en cuenta el objetivo máximo de déficit para el año. Para evitar subidas que podrían alcanzar el 10%, las compañías abogan por trasladar los costes extrapeninsulares de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de forma anticipada, o aplicar un IVA rebajado a la luz, que pasaría del 16% al 7%. Las cinco eléctricas integradas en la patronal Unesa tienen previsto celebrar mañana o el miércoles un encuentro para analizar a nivel técnico las consecuencias de aplicar la solución para el carbón ya pactada por Industria con las empresas mineras de Carbunión y los sindicatos.

También esta semana, el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) mantendrá una reunión de carácter extraordinario en la que aprobará un informe acerca del decreto. Tras este trámite y el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el decreto podrá ver la luz previsiblemente entre mediados de este mes y las primeras semanas de diciembre.

Por su parte, la patronal del carbón, Carbunión, rechaza que el precio fijo para las centrales que quemen carbón nacional sea considerado una ayuda. El presidente de la organización, Victorino García, recuerda que los 57,32 euros por MWh son inferiores a la retribución de otras fuentes de generación como la eólica. Además, destaca el carácter estratégico del carbón nacional, a pesar de que es más caro que el importado. De hecho, las posibles reticencias de Bruselas a la aplicación de un precio fijo se sortean en el decreto alegando que la propia Comisión Europea acepta incentivar fuentes nacionales de generación hasta en un 15% de la producción eléctrica con el objetivo de que el país reduzca su dependencia y mejore la seguridad de suministro. Las mineras también arguyen que la prima es coyuntural por el escenario de precios bajos en la generación eléctrica y que, cuando los precios se recuperen, las térmicas ya no necesitarán incentivos, ya que podrán vender más cara la electricidad producida.