La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, reclamó su readmisión en la entidad en eljuicio contra la ex directiva celebrado ayer en Alicante. Consideró "improcedente" su destitución y pidió una indemnización de 10 millones de euros en concepto de lucro cesante, una cantidad a la que habría que sumar una segunda compensación económica por el tiempo trabajado. Además, instó, a través de su letrada, Silvia Bauzá, a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la caja y que fue derogada posteriormente.

La defensa del Banco CAM y la Fiscalía entienden que Amorós buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general.

La llegada de la ex ejecutiva a los juzgados levantó una gran expectación entre los medios de comunicación, pero también entre algunos titulares de acciones preferentes de la entidad que la increparon tanto a la entrada como a la salida del edificio.

La abogada de la empresa, ahora Banco CAM, rechazó en su intervención todos los argumentos de la demandante para lograr la nulidad del despido. Amorós alegó que la carta de despido vulneraba su derecho al honor, a la propia imagen y atentaba contra su dignidad profesional y personal. La letrada de la CAM defendió la legalidad de la carta, tanto en el marco laboral como en el ámbito de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.