La amenaza de un recorte mayor de agua que en la campaña pasada, que ya fue de fuertes reducciones, pende como una espada de Damocles sobre el regadío de la cuenca del Guadalquivir.

La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha fijado los posibles escenarios en función de si llueve más o menos en los próximos meses. Y si la situación sigue como hasta ahora -es decir, con un déficit de precipitaciones que ya se acumula sobre los de años anteriores- la campaña de 2023 va a ser aún más catastrófica que la anterior.

Efectivamente, la CHG ha asegurado este jueves en una nota de prensa, tras la reunión de la Comisión, que "en un escenario de ausencia de precipitaciones, como el que actualmente padece la cuenca, el desembalse que se maneja es de 375 hectómetros cúbicos y una dotación máxima de 700 metros cúbicos por hectárea". Y eso para los cultivos de mayor consumo; para el resto se aprobarían "dotaciones proporcionales" en función de lo que consuman.

El recorte sería muy considerable, y supondría una reducción del agua que reciben los agricultores de 1.050 metros cúbicos por hectárea, un 60% menos. El tajo es aún mayor si se compara la dotación prevista si no llueve con la dotación concesional, es decir, la que tienen asignada los regantes siempre que el año sea hidrológicamente normal. Esta es de 6.000 metros cúbicos por hectárea, lo que significa que el recorte objetivo es del 88,3%. O, dicho al revés: percibirían apenas un 13% del agua a la que teóricamente tienen derecho.

Y la situación actual no invita mucho al optimismo, si acaso a una cierta mejoría. El regreso a la normalidad absoluta parece una quimera. 

Y es que el punto de partida es muy malo. La Confederación constata un déficit de precipitaciones en la cuenca del 20% con respecto a la media de los últimos 20 años, pero eso no es lo peor. Lo más preocupante es que las aportaciones a los embalses se han reducido un 60%, y eso ha hecho que durante cinco años consecutivos estas aportaciones no superen el volumen desembalsado. 

El resultado es que en la actualidad los 48 embalses de regulación de la cuenca del Guadalquivir almacenan 2.065 hectómetros cúbicos (25,7% de la capacidad total), el menor nivel desde 1995 (año fatídico por ser el de la última gran sequía en Andalucía). La reserva es un 47,7% menor que la media histórica de los últimos 25 años.

Solo una primavera lluviosa revertiría esta situación. Si se almacenaran 1.400 hectómetros cúbicos más de agua, afirma la CHG, podría hablarse por fin de una buena campaña, pero eso solo tiene entre un 10% y un 15% de posibilidades de producirse.

Sí es más posible (un 35% de posibilidades, en concreto) que si llueve en primavera (aunque no lo suficiente) la campaña pueda ser similar a la de 2021, que también fue de recorte. Entonces se aprobó un desembalse de 925 hectómetros cúbicos y 2.800 metros cúbicos por hectárea como máximo. Sería un mal menor, pero la dotación seguiría estando un 53% por debajo de la concesional.

Un golpe a la economía

Las restricciones de agua suponen un fuerte golpe para la economía andaluza, dada la importancia del sector primario en la comunidad y del regadío en particular, su vertiente más productiva.

Según la federación de regantes Feragua, las pérdidas en la campaña pasada ascendieron a 550 millones de euros debido a la caída de las producciones. Los datos conocidos este mismo jueves de empleo reflejan que en dos años el empleo agrario se ha reducido en más de 60.000 personas en Andalucía. Y el PIB andaluz se ha elevado en 2022 tres décimas menos que el español (5,2% frente a 5,5%) por la situación de sequía, según el Gobierno andaluz