EN El tiempo de las regiones (I) señalábamos el dilema para las comunidades autónomas atrasadas de tener que elegir entre un sistema de transferencias de renta, que permite evitar la emigración y la caída de los salarios, y el progreso económico. La manifiesta preferencia por la primera opción, la más rentable a corto plazo en términos políticos, es también la causa más verosímil de la persistencia de los desequilibrios regionales durante décadas y sugiere que también en las regiones ricas han debido existir razones para contribuir a su financiación.

En estas últimas, las diferencias salariales regionales se interpretan en términos de "competencia salarial", un potente incentivo a la relocalización de empresas, como pudo comprobarse tras la ampliación al este de la Unión Europea. Afortunadamente para ellas, el dilema de la elección entre el corto y el largo plazo no se plantea porque tampoco existe el conflicto. A corto plazo, las transferencias de renta presionan al alza sobre los salarios en las regiones perceptoras y desaparece el riesgo de "competencia salarial". Las ventajas competitivas se mantienen gracias al diferencial de productividad, consiguiendo evitarse el riesgo de deslocalización y de fugas de capital. La principal ventaja a largo plazo es la permanencia en la cúspide del statu quo regional, pero también hay otras. Cada vez son más numerosos los trabajos científicos con evidencia empírica sobre los perjuicios de los subsidios y transferencias de renta en las regiones atrasadas y de sus beneficios para las más ricas. En todo caso, existe un coste indiscutible para el conjunto del país en forma de persistencia de las desigualdades y de derroche de fondos públicos en políticas de desarrollo regional que no funcionan.

Frente a la "competencia salarial", cabría la alternativa de la "competencia fiscal", sobre cuyo potencial para movilizar recursos hacia zonas desfavorecidas también existen importantes evidencias, como la de Irlanda. El problema es que las fuerzas que presionan sobre el sistema fiscal en España no apuntan precisamente en la dirección de ventajas competitivas para los territorios atrasados, sino justamente en la contraria. El objetivo del órdago catalán de pacto fiscal es conseguir privilegios similares a los de País Vasco y Navarra, mientras que el resto de las autonomías que contribuyen a financiar el sistema de subsidios y transferencias se mantiene a la expectativa. El colapso financiero del conjunto de las administraciones públicas tras la crisis de 2008 ha provocado que en algunas autonomías, como la andaluza, el saldo migratorio se haya invertido y que las diferencias salariales permitan vislumbrar la posibilidad de un escenario de "competencia salarial" sin precedentes en las últimas cuatro décadas. La perversión del sistema fiscal español para proporcionar privilegios fiscales a las regiones más ricas se plantea, por tanto, como una estrategia frente a la competencia en salarios, algo frente a lo que Andalucía debe plantarse con firmeza e incluso considerar la posibilidad de liderar la exigencia de un mayor compromiso fiscal en la lucha contra las desigualdades regionales.