En el El Rastro, uno de los barrios más antiguos de Melilla, los vecinos conviven ajenos al mayor intento de fraude de la democracia y a las acusaciones que profieren los dirigentes de los distintos partidos políticos. Nunca una campaña electoral había resultado tan convulsa en la ciudad autónoma. Sin embargo, el sistema de compra de votos por correo tampoco es un problema nuevo. Quizás sea más bien la punta del iceberg de un funcionamiento social y político –único en Europa– viciado por el clientelismo, el nepotismo, la corrupción y la impunidad, que ha reventado por las aires tras años en una olla a presión. 

Mohamed (nombre ficticio) acaba de cumplir 18 años. Estudia Bachillerato. Tiene donde dormir y donde comer. Pero le gustaría que su familia tuviese una mejor situación económica. En elecciones anteriores, sus padres solicitaron el voto por correo y lo vendieron para sacarse algunos euros. Este año, han llegado tarde. Las 11.707 solicitudes de envíos de papeletas electorales por vía postal –que representa el 21,21% del total de los sufragios y más del doble de los registrados en los comicios de 2019– hizo saltar todas las alarmas y la Junta Electoral de Zona (JEZ), amparada por la Junta Electoral Central (JEC), ordenó mostrar el DNI en Correos para aquellos votos emitidos a la ciudad autónoma. Según datos de la Delegación del Gobierno en Melilla, 761 se depositaron antes de la resolución de la JEZ.

Uno de ellos fue el de Mohamed. Lo vendió por 150 euros. A diferencia de otros muchos vecinos, que se manifiestan temerosos o avergonzados al reconocerlo, este joven no muestra reparo y asegura que lo hizo “por necesidad”. Además, explica que se vendió al mejor postor. “Del PP me ofrecían 100 y del CPM 150, así que me quedé con el segundo”, indica. 

Pero, ¿cómo funcionan las mafias y por qué compran votos? En la cúspide de la pirámide se sitúan los líderes de las formaciones políticas, que encargan la compra de votos a personas afines al partido. A su vez, estos localizan a jóvenes que hacen de representantes de sus barriadas y se encargan de recaudar el voto de los vecinos de esa zona. Normalmente, aprovechan la situación de ciudadanos que se encuentran sumidos en la pobreza. “Cuantos más votos, más dinero”, explica un vecino de Las Minas del Rif al tiempo que asegura que uno de estos intermediarios puede llegar a cobrar desde 10.000 hasta 50.000 euros. “Yo conozco gente que no tenía nada y de repente se compraron un chalé o un coche súper lujoso y todos sabemos de qué es”, manifiesta. 

Y, ¿este panorama solo se da en Melilla? La realidad de esta ciudad es que sus habitantes  viven menos que en el resto de España, ya que tienen una esperanza de vida más baja, solo por detrás de Ceuta. Además, se trata una de las regiones del país con una tasa más elevada de abandono educativo temprano. Uno de cada tres melillenses está en paro, a pesar de contar con un presupuesto de más de 350 millones de euros para el ejercicio de 2023. “En Melilla eres funcionario, barrendero, jardinero, rastrero del Ayuntamiento o delincuente”, lamenta un vecino.  Este contexto de vulnerabilidad es el que precisamente aprovechan las mafias para captar votos de manera fraudulenta. 

El caso está ya en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que ha declarado el proceso bajo secreto de sumario. Si bien, algunos diarios nacionales han adelantado que decenas de personas están siendo investigadas. 

Todos los focos están puestos sobre Mustafá Aberchán, el líder del partido localista Coalición Por Melilla (CPM), muy aclamado, sobre todo, por la población musulmana. Y es que, en febrero de 2021, el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga tres años antes que le condenaba por la compra de votos por correo en las elecciones al Senado en 2008. El fallo, dos años de cárcel e inhabilitación. Si bien, nunca llegó a ingresar en prisión y en agosto podrá volver a su vida profesional. De esta manera, la candidata por esta formación es Dunia Almansouri. 

La misma condena de Aberchán fue impuesta para el ex secretario general del PSOE en Melilla Dionisio Muñoz por dos delitos electorales y uno de falsedad, pues las dos fuerzas políticas habían concurrido en coalición a la Cámara Alta y la Justicia consideró probado que las organizaciones idearon un sistema para convencer a ciudadanos de que pidieran el voto por anticipado y les entregaran los sobres en los que introducían la papeleta común que depositaban en Correos, gracias a sus “contactos”.

Hassan Driss, ex viceconsejero del PP, y Javier Lence, gerente de los populares, también fueron juzgados por la presunta compra de votos a través de vales de alimentos en 2007. Sin embargo, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla resolvió que no quedaba probado que hubiesen cometido ni un delito electoral ni otro de malversación, por lo que quedaron absueltos. 

Ahora, ¿quién gobierna? Hace cuatro años una inesperada coalición entre PSOE, CPM y el único representante de Ciudadanos, Eduardo de Castro, le otorgó a este último la presidencia frente al favorito, el popular Juan José Imbroda. En 2021, De Castro fue expulsado de la formación naranja tras su imputación en una causa por prevaricación. Pero no abandonó la presidencia-alcaldía de la ciudad. 

Y es en este punto cuando subyace el interrogante de si en estas condiciones se pueden celebrar con garantías unos comicios. En cualquier caso, el resultado lo darán las urnas en solo una semana.