La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá comparecer el 13 de marzo como imputada ante la jueza que investiga si cometió los delitos de coacciones, malversación y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables del edificio Bloc Llavors sin ofrecerles antes un alquiler social, como establece la legislación catalana.

La titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona también ha citado a declarar como investigados por los mismos delitos el 10 de marzo al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.

La jueza investiga la querella de Vauras Investment, que acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarles para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la "amenaza" de no concederles licencias de obras.

En noviembre de 2020, la jueza no admitió a tramite esta misma querella porque no vio ningún indicio de delito, como tampoco lo vio la Fiscalía cuando Vauras apeló, pero, en abril del año pasado, la Audiencia Provincial de Barcelona le ordenó reabrir la investigación.

La alcaldesa manifestó estar "muy tranquila" y convencida de que la querella será "archivada de nuevo" y "quedará en nada", pero ha confesado también estar sorprendida porque la citen a declarar "cerca de las elecciones".