La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que han pactado en los últimos catorce meses el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, y que limita las subidas del alquiler en un momento en que las rentas están en máximos históricos.

El dictamen de la comisión, que se votará en el pleno de la semana que viene, ha contado con la abstención del PNV y los votos en contra del PP, Vox, Cs, PDeCAT y Coalición Canaria (19 votos a favor, 17 en contra y una abstención).

Durante el debate, exclusivamente ideológico y competencial, el PP, Vox y Cs han apostado a que esta ley será declarada en su día parcialmente inconstitucional y a que detraerá la oferta de alquiler, con la consiguiente subida de precios.

Por su parte, el PNV, el PDeCAT y Coalición Canaria han coincidido en que supone una invasión del Estado en las competencias de vivienda que tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

El PP recurrirá al Constitucional

La portavoz del PP, María Zurita, ha calificado la ley de "mediática" y "populista" y se ha comprometido a "recurrirla y derogarla" cuando su partido llegue al Gobierno.

Tras sostener que "la única utilidad de esta ley es que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa hasta finales de año", ha pronosticado que "va a tener efectos indeseados, como la ley del sí es sí, porque los propietarios van a retirar los pisos del mercado y aumentará el precio y, lo que es peor, el fraude fiscal".

El diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha justificado su "abstención muy justa" en que la ley "da cobertura a cuestiones básicas".

No obstante, ha dicho que esta "ley innecesaria" es una "alfombra a la intromisión del Estado" y ha defendido que cada comunidad "pueda decidir su política de vivienda, aunque no le guste al gobierno de turno".

También ha criticado la "incoherencia" de los partidos políticos que, al mismo tiempo que se declaran "soberanistas", aceptan la "recentralizacion" de competencias que, en su opinión, supone el texto, y ha denunciado que siga sin abordarse el "problema de los pisos turísticos".

Pilar Vallugera, de ERC, le ha replicado que esta no es su ley, pero es el "instrumento" que va a permitir al gobierno catalán aplicar la suya, después de que el Tribunal Constitucional anulara los artículos que intervenían el mercado para contener las rentas.

Vallugera ha explicado que, durante la negociación, ha tenido "debates horrorosos" con el PSOE sobre vivienda protegida y que no ha conseguido lo que quería en materia de desahucios, pero ha insistido en que el texto que han consensuado es "mejor que nada" y en que con él "puede haber contención de renta en seis meses".

En la misma línea, Oskar Matute (EH Bildu) ha afirmado que la ley es una "paraguas jurídico para que los poderes públicos que quieren hacer algo en el problema de la vivienda lo hagan".

Por su parte, Ferran Bel (PDeCAT) ha asegurado que le "duele que los que tienen que defender el posicionamiento competencial no lo hagan y que el "hermano mayor tenga que validar lo que aprueba el parlamento de Cataluña".

"Estamos cediendo una parte de las competencias exclusivas con esto", ha reprochado Bel a la diputada de ERC.

Aprobación definitiva en mayo

Desde Unidas Podemos, Pilar Garrido ha destacado que esta ley cumple la Constitución e implica un "cambio de paradigma", al reconocer por primera vez la vivienda como un derecho, mientras que el socialista Vicent Sarrià ha subrayado que el texto "mantiene el equilibrio entre la función social de la vivienda y el derecho a la propiedad".

En nombre de Vox, Cristina Esteban ha criticado que "golpistas y filoetarras estén marcando las políticas de este país" y, en el de Cs, Juan Ignacio López-Bas, ha dicho que el texto "legaliza la ocupación", al igual que Ana Oramas (CC) para quien "mientras que los ricos de familia y los vulnerables tendrán casa, a las clases medias las están llevando a un camino sin salida".

Al dictamen aprobado hoy se han incorporado las más de 40 enmiendas pactadas por el PSOE, UP, ERC y EH Bildu en el informe de la ponencia y las más de 300 enmiendas vivas que mantienen otros grupos para el próximo debate en el pleno.

La ley de vivienda, que el gobierno de coalición empezó oficialmente a negociar en enero de 2021, saldrá adelante previsiblemente en el pleno del Congreso el próximo 27 de abril, tras lo cual pasará al Senado y volverá a la cámara baja para su aprobación definitiva a mediados de mayo.