La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Gobierno que sea riguroso a la hora de decidir qué extranjeros ingresan en los Centros de Internamiento (CIE) para su expulsión, porque de los 7.340 internados en 2014 fueron repatriados el 47,45 por ciento. Becerril ha presentado, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que ha incluido las cifras de detenciones y repatriaciones de extranjeros y ha anticipado algunos datos de la gestión de la institución en los primeros cinco meses de este año.

La Defensora del Pueblo ha reducido el tiempo de primera respuesta al ciudadano a 32 días de media -en 2014 eran 49, y hace dos años 64 días-, mientras que las administraciones han aumentado esos tiempos y contestan a la Defensora en 80 días de media, cinco más que el pasado año. Durante ese periodo, la institución ha tramitado 8.500 expedientes, la mayoría vinculados al ámbito sanitario -como el acceso a determinadas vacunas-, de la justicia y la economía -muchos sobre la transparencia en la venta de productos financieros. Becerril ha detallado que la Defensora ha formulado 537 recomendaciones y sugerencias, de las que el 76 por ciento han sido aceptadas. Entre los expedientes mencionados, un total de 8.499, fueron de queja 8.196; 198 actuaciones, de oficio; y 105, solicitudes de recurso.

En su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensora ha presentado un informe que recoge que España repatrió el año pasado a 2.572 inmigrantes en vuelos, la mayoría a través de Marruecos, que fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex); y a otros 801, en barcos internacionales. En 2014, fueron detenidos en España 42.245 extranjeros, de los que 7.340 fueron internados en los distintos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). De los 7.340 internados en los CIE fueron expulsados 3.483, es decir, el 47,45 por ciento. En este sentido, Becerril ha explicado que ha reclamado al Ministerio de Justicia que "evalúe muy bien cuándo una persona debe entrar en un centro de internamiento" y aplique "un criterio muy riguroso para determinar su ingreso".

La institución supervisó cuatro vuelos de repatriación en ese periodo y propone que haya siempre intérprete en todos los operativos de repatriación y que se practique un reconocimiento médico a los extranjeros que vayan a ser expulsados.

La Defensora también expone que las instalaciones que acogen a extranjeros que llegan a España en embarcaciones desde el norte de África, denominadas centros de primera asistencia y detención de extranjeros, "no reúnen las condiciones más adecuadas para personas, después de una travesía que, normalmente, se alarga durante días en condiciones muy duras, tanto física como psicológicamente". "Es prioritario que, en los casos de menores acompañados de sus padres, el interés superior del niño conlleve, antes que a la detención de la familia, al mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida privativa de libertad", plantea la Defensora.

Becerril también ha presentado a los senadores y diputados el estudio La escucha del menor, víctima o testigo, en el que alerta del aumento del número de delitos relacionados con el abuso de menores, usando principalmente las nuevas tecnologías. Además, formula recomendaciones para que las administraciones den cumplimiento al nuevo Estatuto de la Víctima, en relación con la escucha del menor, víctima o testigo. Además, propone medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar.