El secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Juan Pablo de la Iglesia, ha dado por cerrado el conflicto con Marruecos dado que el Gobierno no cuenta con elementos que "avalen" la versión de los activistas españoles que denuncian haber sido agredidos por miembros de la policía marroquí. Según ha afirmado, "todo parece indicar" que las lesiones se las produjeron grupos que no estaban de acuerdo con sus protestas.

En declaraciones a RNE, De la Iglesia ha recordado que Marruecos ya ofreció las explicaciones reclamadas por el Ejecutivo español. "Creemos que con ello se ha superado esta situación", ha revelado tras asegurar que la llamada a consultas del embajador en el país alauí "no es una medida que se contemple". Para el secretario de Estado, "lo que está fuera de toda duda" en la polémica es que los activistas españoles participaron en una manifestación ilegal "en la que se produjeron altercados" en los que algunos de ellos resultaron heridos.

"Lo que sí sabemos es que lo primero que hizo la policía marroquí fue acompañar a los dos más afectados a un hospital a tener atención de urgencia antes de que prestaran declaración en comisaría -ha defendido-. Todo parece indicar que en la manifestación hubo una reacción por parte de grupos que no eran partidarios de lo que los activistas estaban defendiendo". Por ello, cuando le han preguntado si no cree que fueran policías de Marruecos quienes les causaron las lesiones, ha sostenido que el Gobierno no posee "ningún elemento que permita avalar esas opiniones de los activistas".

El secretario de Estado también ha rechazado las críticas de falta de contundencia esgrimidas por el PP y las ha enmarcado en el "continuo hostigamiento" de los populares a todas las políticas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha asegurado, España mantiene con Marruecos una relación "estratégica" que debe continuar. Para mantener estas buenas relaciones, el Ejecutivo descarta aplicar "el puñetazo encima de la mesa" y apuesta por "el diálogo".

Los activistas acusan al Gobierno de traicionar al pueblo español

Los activistas de la asociación SaharAcciones que se manifestaron en El Aaiún a favor de la autodeterminación del Sahara denunciaron el comportamiento "vergonzoso" del Gobierno, que no sólo ha traicionado al pueblo saharaui, sino también al pueblo español, que respalda en su gran mayoría la causa saharaui. El Gobierno español, que ha instado a sus ciudadanos a respetar la legislación vigente en el Sahara, ha dado por buenas las explicaciones del marroquí, que niega que fueran policías quienes agredieron a once de los activistas que desplegaron pancartas y una bandera saharaui en una calle de la capital.

Los activistas retaron al Gobierno a que si quiere reconocer la legitimidad de la ocupación marroquí en el Sahara "que lo diga", porque la única legalidad en el Sahara es la legislación internacional y el respeto a los derechos humanos. "No tenemos ninguna esperanza en el Gobierno español, confiamos en los ciudadanos libres, en la prensa libre y en que la presión internacional logre cambiar el rumbo del Sahara junto con la presión de los saharauis", explicaron los activistas en rueda de prensa.

Tras las agresiones sufridas, los activistas han recabado partes médicos, en los que se reflejan policontusiones pero sin daños internos, con los que quieren acompañar las denuncias que tienen previsto presentar ante la Subdelegación del Gobierno y eventualmente en los juzgados. La activista Sonia Díaz aseguró que nadie con sentido común duda de que fueron agredidos por la Policía marroquí vestida de paisano ni de la represión sobre los saharauis, ni siquiera José Luis Rodríguez Zapatero, "otra cosa son los juegos políticos".

Si una manifestación pacífica de once personas es un delito, "exigimos que se nos aplique la legislación", dijo Sonia Díaz, y subrayó que la aplicación de la legalidad en el Sahara supondría el cese de los encarcelamientos, arrestos y torturas, la realización de juicios justos, el cese de la expoliación de los recursos y la libertad de expresión y de manifestación. SaharaAcciones no es una ONG, "somos un grupo de personas preocupadas, vecinos de personas que están siendo torturadas y masacradas" ante la pasividad de los gobernantes locales, autonómicos y estatales, y de los organismos internacionales, dijo la portavoz.

Instó especialmente a los medios de comunicación a visitar la zona, a ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo allí y a hablar con la gente. "No se queden aquí enfocándonos a nosotros, vayan allá" a ver lo que Marruecos, España y Francia están haciendo con la población saharaui. "Ni siquiera nos tienen que creer, vayan y véanlo", dijo a los periodistas. También denunció la "asistencia ambigua" que les prestó el Gobierno de España, en particular Mariano Collado, el administrador de la Casa de España, que les dijo que tenía ganas de perderlos de vista. El propio Mariano Collado dijo al médico privado que atendió a la activista Carmen Roger que había sido la Policía la que le había dado los golpes, sostuvo.

Sobre la afirmación marroquí de que fueron ciudadanos particulares los que les agredieron, reiteraron que se trataba de policías de paisano, de los que hay 7.000 en El Aaiún, y denunciaron que durante su estancia fueron espiados continuamente, con micrófonos en el hotel, teléfonos intervenidos y un taxista que los llevaba al que luego vieron con el uniforme policial. Los agresores, antes de la manifestación de los activistas, ya tenían dispuestas banderas y unas veinte cámaras de fotos y de vídeo con las que grabaron el ataque, afirmaron. Eran "policías o lacayos de la policía", con un "director de orquesta de bigote y pelo cano" que daba órdenes de golpearlos mientras filmaban la paliza, y ese hombre es el que luego supuestamente los rescató de los agresores.