El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió este martes recuperar el delito de sedición tras el "ridículo jurídico" que a su juicio supone tanto la "aniquilación" de este tipo penal como que el cambio en la malversación no haya producido rebaja de penas a independentistas, como según los populares pretendía el Gobierno.

"Que por favor utilice los votos constitucionalistas para reponer el derecho de sedición", exigió el líder popular al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas tras acudir a un desayuno informativo del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Feijóo subrayó que en la revisión de la sentencia del procés, que mantiene los 13 años de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, el Tribunal Supremo acredita que España "está desprotegida porque ese delito ha dejado de formar parte del Código Penal" y, por tanto, "ha renunciado a proteger su democracia" con la "aniquilación" del delito de sedición.

"Este ridículo jurídico ha marcado ya todos los récords, después del solo sí es sí, después de la eliminación del delito de sedición, después del intento de rebaja de penas en la malversación a los del procès, en este momento en España se requiere un mínimo de sosiego y un mínimo de respeto a nuestra democracia", aseguró Feijóo

Y a continuación ofreció los votos del PP para reponer el delito de sedición en el Código Penal porque supone una "garantía de la integridad de la nación española".

Por parte del Gobierno, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, respondió al auto del Supremo asegurando que "el Estado español está protegido por el ordenamiento jurídico". La interpretación del Ejecutivo es que la resolución corrobora que con la derogación del delito de sedición no se produce una despenalización" de los hechos.

Rodríguez aseguró que el auto, que mantiene las condenas de inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por haber malversado dinero público para el procès, demuestra que con la nueva redacción del Código Penal "siguen existiendo penas" y "han de cumplir con la justicia en nuestro país".

Y subrayó además que uno de los "objetivos importantes" para el Gobierno con la reforma era homogeneizar las penas y los tipos delictivos para facilitar los posibles procesos de extradición.

Rodríguez valoró el "diálogo" puesto en marcha por el Ejecutivo porque se ha logrado que "lo que antes era un conflicto político traspasó las fronteras" y llegó a ser "un problema" en el ámbito judicial, "hoy está en la senda de la convivencia". El Gobierno, además, no cree que la decisión Tribunal Supremo vaya a afectar al proceso de diálogo en Cataluña porque los dirigentes catalanes con responsabilidad de gobierno "no quieren volver a la situación de 2017".