La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuese su número dos, el ex secretario de Estado Francisco Martínez, por el espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, presuntamente orquestado en 2013 desde su departamento para hacerse con documentos del caso Gürtel sensibles para el partido, la operación Kitchen.

Anticorrupción ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito de conclusiones provisionales sobre esta pieza del conocido como caso Tándem o caso Villarejo, que se dirige contra ocho acusados, a quienes atribuye delitos como encubrimiento, malversación y contra la intimidad, además de delitos contra la Administración General del Estado en concepto de responsable civil subsidiario.

El comisario Villarejo se enfrenta a 19 años de prisión, el castigo más elevado

La misma condena de 15 años solicita para el entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino, y quien fuese asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo, mientras que es José Manuel Villarejo quien se enfrenta a la petición más alta: 19 años de cárcel.

Para el comisario Enrique García Castaño el Gordo, que dirigió durante años la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía y a quien la Audiencia Nacional apartó del primer juicio del caso Tándem después de sufrir un ictus el año pasado, los fiscales piden 12 años y medio de prisión, el mismo castigo que para Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas que habría sido captado como confidente en la operación.

La Fiscalía solicita que los ocho acusados paguen en concepto de responsabilidad civil 6.000 euros a Bárcenas y 3.000 a su mujer, Rosalía Iglesias, cantidades de las que quiere que responda subsidiariamente el Estado.

Anticorrupción, sin embargo, rechaza acusar finalmente a tres antiguos miembros de la cúpula policial por considerar que no existen indicios contra ellos. Son el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, que entonces integraban la Dirección Adjunta Operativa, dirigida por Eugenio Pino.

Entre los procesados no está la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes fueron investigados durante unos meses hasta que el juez los sacó de la causa en contra del criterio de la Fiscalía y las acusaciones.

Los fiscales sitúan esta "ilícita operación policial" en la primera mitad de 2013 durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. Se orquestó, sostienen, "desde la cúpula del Ministerio del Interior", encabezado por Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino en la Policía, pero, precisan, "sin que pueda descartarse la intervención de personas de diferentes instancias".

El objetivo, según su tesis, era obtener información y pruebas "que pudieran resultar incriminatorias para el PP y sus máximos dirigentes" en la investigación del caso Gürtel que pudiera tener su ex tesorero Luis Bárcenas para evitar que llegase al juez. Para lograrlo, prosiguen los fiscales, captaron al chófer de la familia Bárcenas, quien, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, informó "de forma exhaustiva e individualizada" a los acusados de los movimientos de la familia y les facilitó documentos.

A cambio recibió 54.000 euros con cargo a los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía -algo que finalmente "se materializó-, señala el escrito de la Fiscalía, que también apunta que los acusados realizaron vigilancias y seguimientos a Bárcenas y a su mujer para confirmar la información de Ríos.

Llegaron a conseguir "de manera ilegítima", indica el escrito, mensajes de texto, correos y contactos que Bárcenas tenía en dos móviles y una tableta que les habría entregado el chófer, así como documentos y anotaciones sobre cuentas bancarias y movimientos de fondos que tenía en prisión. La Fiscalía cree que Fernández Díaz y otros acusados "controlaron todos los movimientos" de un preso que coincidió con Bárcenas y a quien éste encargo borrar archivos depositados en un servidor con conversaciones "que decía haber mantenido" con Mariano Rajoy y Javier Arenas "relativas a fondos manejados" del PP "de procedencia ilícita". No consta que llegaran a hacerse con copia de los mismos.