El Gobierno corregirá la ley de protección a la infancia frente a la violencia para eliminar un error respecto a la prescripción de los delitos contra la libertad del menor, que en un párrafo de la norma dice que empiezan a contar a partir de que la víctima tenga 18 años y en otro desde los 35.

El Ejecutivo corregirá el "error de redacción" del artículo 132 del Código Penal a través de una disposición adicional en la próxima ley orgánica que lleve al Congreso, explican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la norma.

Esta contradicción respecto a la prescripción de los delitos "contra la libertad" (retención, matrimonios forzados, secuestros), adelantada por Infolibre, fue detectada por Miguel Hurtado, víctima de abusos, quien alertó a varios partidos y al Defensor del Pueblo.

Según han explicado fuentes de Derechos Sociales, impulsor de la norma conocida como ley Rhodes, se trabaja la forma de eliminar este "error de redacción" para que su prescripción quede fijada a partir de los 18 años lo antes posible, pero hay que hacerlo cuando el Gobierno lleve la próxima ley al Parlamento.

Una de las novedades de la ley de protección a la infancia frente a la violencia, aprobada en mayo de 2021, es la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos más graves, como los abusos sexuales, donde las víctimas no suelen manifestarlos hasta su etapa adulta, ampliando la regulación que había hasta entonces que comenzaba a contar esa prescripción a los 18 años.

"El espíritu de la ley se refería claramente a los delitos más graves y por tanto los de la libertad no estarían incluidos en esa ampliación de plazo a partir de 35", indican desde Derechos Sociales, que insisten en la intención de la ley por la que fue aprobada para las víctimas de delitos de abusos sexuales.