La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, celebró ayer ante la Comisión Constitucional del Congreso, la que aprobó el dictamen del Estatut, que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado el "99%" de la norma catalana y que con su sentencia haya "reforzado" el "pacto político que estaba detrás del Estatut".

Pero además, y mientras el presidente de la Generalitat, José Montilla, llamaba a rehacer el pacto político con Cataluña, la número dos del Gobierno insistía en que la sentencia no cuestiona ese acuerdo, sino que lo apuntala. "La sentencia ha venido a reforzar el pacto político que estaba detrás del Estatuto y la constitucionalidad de la norma", sentenció.

De la Vega expuso estas opiniones en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso a instancias del portavoz de CiU, Jordi Jané, para quien resultaba "claramente perjudicial" que el TC, con la actual composición, haya dictado sentencia contra un texto refrendado por la ciudadanía.

En el argumentario del Gobierno, para contrarrestar lo que no dejar de ser también una enmienda constitucional, se recordaba que durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) el TC declaró parcialmente inconstitucional nueve leyes y dos decretos: Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley del Régimen de Suelo y Valoraciones, Ley de Medidas Fiscales, Ley de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios Profesionales, Ley de Reforma de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, Ley que declaración de Parque Nacional la Islas Atlánticas de Galicia, Ley que crea que el Parque Nacional de Sierra Nevada y la Ley Orgánica de Extranjería, así como dos decretos sobre medidas urgentes de carácter fiscal y sobre la reforma laboral.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó que "lo más importante" de la sentencia es que el modelo de autogobierno de Cataluña "se ajusta plenamente a la Constitución" tras declarar el TC un 90% ó 99% "casi plenamente constitucional".

Caamaño aseguró que la ausencia de referencias a la bilateralidad cuestiona la tesis del PP de que España iba camino de convertirse en un Estado confederal. "De un texto que aprobaron las Cortes Generales, que tiene cerca de 39.000 palabras, y de las cuales el PP impugnó algo más de 16.000, el TC nos dice que de todas ellas no hay más que 350 que merezcan algún reproche", explicó el ministro de Justicia.

Sobre la reacción del presidente de la Generalitat, José Montilla, llamando a la movilización ciudadana, Caamaño comentó que forma parte de "su responsabilidad y de los escenarios políticos propios de Cataluña". A su juicio, lo verdaderamente importante es que Montilla acata la sentencia dando muestras de "su responsabilidad y su coherencia con el Estado de derecho".

Para la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la sentencia determina que el Estatut "no rompe España, que no da a los catalanes distintos derechos del resto de los españoles y no modifica la Constitución por la puerta de atrás".

Como el resto de los miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Salgado dijo que el Ejecutivo socialista estaba "satisfecho políticamente" porque, en su opinión, la sentencia introduce "un factor de estabilidad y de serenidad".

Otro de los pesos pesados del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo sentirse "muy, muy, muy respaldado" por la sentencia.

Pérez Rubalcaba vaticinó que el Estatuto catalán tendrá muchos años de vigencia, y lamentó que el PP haya hecho creer al resto de los españoles que una parte de ellos, los catalanes, iban a disfrutar de privilegios.

Entre las distintas valoraciones de miembros del Gobierno y del PSOE destacar la del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que, poco antes de presidir una sesión de la Comisión Constitucional, calificó de "bastante sensato" el fallo del TC. Ante una sentencia que afecta a 14 artículos e interpreta a otros 27, Guerra se mostró extrañado de que el presidente de la Generalitat diga que se salva el 95 por ciento del Estatut y llame a los ciudadanos a manifestarse.

"Seguramente están obligados ahora a hacer ruido, pero, naturalmente, tendrán que acatar la sentencia y no pasará nada, como ocurre en un Estado de derecho. Lo demás es ruido, que puedo entender, pero no tiene ninguna trascendencia", explicó Guerra.