La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la moción secesionista si el lunes se aprueba en el Parlamento catalán y "en ese mismo minuto" pedirá su suspensión, de manera que nadie podrá ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa iniciativa. Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha dejado claro que si el Constitucional acepta el recurso y suspende la moción, ni la Generalitat catalana ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a la suspensión.

Si la realizan, el Gobierno o quienes puedan impugnar tal actuación podrán llevar a cabo las decisiones que estimen oportunas "con proporcionalidad y prudencia". A su juicio, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, es tanto jurídica como políticamente la primera persona que "sin ningún género de dudas" debe sentirse aludida por el aviso del Tribunal Constitucional de que la Cámara autonómica debe velar por el cumplimiento de la Constitución.

En este sentido, ha precisado que el Constitucional recoge algo insólito en su auto del jueves, que es "una advertencia", al hacer notar que el Parlamento catalán tiene la obligación de velar por el respeto a la Constitución en el debate de la propuesta soberanista. Si no lo hace, entonces el Constitucional podrá tomar las decisiones que estime oportunas, ha sintetizado respecto a la decisión del Alto Tribunal de permitir que se celebre el pleno con el argumento de que "es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución".

En todo caso, si se aprueba la resolución secesionista en los términos actuales o similares, el Gobierno recurrirá al Constitucional de manera inmediata, previo informe del Consejo de Estado, urgirá la suspensión de la moción y nadie podrá "ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración", ha confirmado Sáenz de Santamaría. "La inmediatez del Gobierno será absoluta", ha prometido. "Y que a nadie le quepa duda de que esa declaración no producirá ninguno de sus efectos", ha dicho. Ha indicado que España es un Estado de derecho y una democracia consolidada y por lo tanto no permitirá que "cualquier ciudadano y menos un gobierno se salte la ley". "En España funciona el Estado de derecho, sus mecanismos funcionan y hay un Gobierno dispuesto a usarlo", ha dicho, antes de insistir: "Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, la unidad de España, la soberanía y la igualdad de los españoles".

La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno se siente "arropado" por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales e instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la ley y el respeto a la legalidad y la unidad. "Cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y del Estado, porque este tema es un asunto de Estado", ha añadido.

También ha explicado que si finalmente el Constitucional la declara nula, será "como si no hubiera existido", tal y como ocurrió con la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013, y no podrá desplegar ninguno de sus efectos. Si alguna institución intentara llevarlos a cabo -ha alertado la vicepresidenta- existen mecanismos "variados y amplios", cuya aplicación dependerá de cómo y cuándo se produzca el incumplimiento del Constitucional y atendiendo siempre a criterios de "determinación, firmeza, prudencia y proporcionalidad".

Al ser preguntada por si entre esos mecanismos se encuentran los previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Sáenz de Santamaría ha aclarado que son "cuestiones diferentes". Una cosa es la situación financiera de una comunidad y las medidas que prevé la propia ley para garantizar la estabilidad presupuestaria y otra el incumplimiento de las decisiones de los tribunales. Respecto a la decisión del Constitucional de admitir a trámite los recursos de amparo de Ciudadanos, PSC y PPC, pero sin impedir el pleno, la vicepresidenta ha considerado que el alto tribunal ha actuado con arreglo a derecho y a sus propios precedentes.