El Congreso aprobó ayer, con los votos del PP, la reforma del Tribunal Constitucional (TC), que castigará a los cargos públicos que incumplan sus sentencias, y con la que, según la oposición, el Gobierno agrava el conflicto en Cataluña al utilizar los tribunales en lugar del diálogo político.

Tras el rechazo de las enmiendas de la oposición, la reforma se remite al Senado.

Los grupos nacionalistas aprovecharon el debate para reprochar al Ejecutivo que no escuche las demandas expresadas por la sociedad catalana el 27-S y reclamar que respete su derecho a decidir a través de un referéndum, en lugar de recurrir a "amenazas" con esta reforma del TC o la imputación de Artur Mas por el 9-N.

El PSOE denunció que con esta ley el PP "echa gasolina" y "alimenta" el "victimismo de los independentistas catalanes" a quienes en teoría "se quería debilitar".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reiteró a los periodistas que lo que se persigue es fortalecer el Estado de Derecho, porque "nadie puede estar al margen del cumplimiento la legalidad".

Joan Tardá (ERC) aseguró que la mayoría soberanista en Cataluña logrará sus objetivos "a la catalana, pacífica y cívicamente", pese a las "amenazas" del PP.