La defensa del ex presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha invocado este viernes su inmunidad parlamentaria como eurodiputado para tratar de suspender el procedimiento contable que sigue contra él el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del procedimiento independentista impulsado por el Govern que él dirigió en 2017.

El abogado Gonzalo Boye ha aprovechado su primer turno de palabra en la audiencia preliminar que celebra este viernes el órgano contable para tratar de suspender la vista hasta que el Tribunal de Cuentas solicite un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder continuar el procedimiento contra él, algo que considera necesario.

Una petición que ha extendido a sus otros dos defendidos, los ex consejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí. Ambos, junto a Puigdemont, se encuentran huidos de la Justicia y aún no han sido juzgados por el Tribunal Supremo por su supuesta responsabilidad en el procés.

El letrado ha defendido que los tres gozan de "inmunidad parlamentaria" en calidad de eurodiputados y ha indicado que si el Tribunal Supremo tuvo que pedir un suplicatorio a la Eurocámara para proceder contra Puigdemont, el Tribunal de Cuentas también debería hacerlo.

Precisamente el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tiene pendiente resolver sobre su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad, después de que el Supremo solicitara el suplicatorio para poder extraditarlos y juzgarlos en España por la vía penal.

El procedimiento contable que acoge el Tribunal de Cuentas es independiente a la causa penal del Supremo que aún tienen pendiente los tres.

Otro de los argumentos esgrimidos por Boye ha sido la supuesta vulneración del principio jurídico non bis in idem (prohibición de condenar dos veces un mismo hecho), ya que, a su juicio, los hechos por los que sustentan el procedimiento contable que dirige el Tribunal de Cuentas son "idénticos" a los que figuran en la causa penal del Supremo.

Al inicio de la vista, tanto la Fiscalía como Sociedad Civil Catalana (SCC), también demandante, han ratificado sus respectivas demandas, mientras que las defensas han confirmado sus posiciones, a la espera de que planteen las "excepciones procesales" por las que consideran que el procedimiento no podría salir adelante.

La Fiscalía calcula el montante presuntamente desviado a 3,4 millones: 1,2 destinados al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y 2,2 a la acción exterior desplegada en favor del procés, así como al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

El fiscal ha desistido de reclamar 336.143,44 euros correspondientes a la campaña Civisme a ex altos cargos como Puigdemont, su ex vicepresidente Oriol Junqueras o exconsejeros como Jordi Turull y Dolors Bassa, entre otros.