La juez que investiga la fortuna oculta por el ex presidente catalán Jordi Pujol ha urgido a Andorra a que le remita información sobre las cuentas de su familia en el país, ante la sospecha de que esos fondos puedan proceder de "abusos en la alta función pública" que desempeñó durante sus años de gobierno. En un escrito, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona remite una comisión rogatoria a las autoridades andorranas para pedirle los movimientos bancarios de las cuentas de la esposa del ex presidente catalán, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere en Banca Privada de Andorra (BPA) y en Andbank.

La juez, que tramita su petición "con la máxima urgencia", expone sus sospechas de que los fondos del ex presidente catalán puedan formar parte de "un circuito financiero encaminado a disimular el origen delictivo de los mismos, en concreto que pudieran proceder de abusos en la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol Soley, máximo responsable de la administración autónoma catalana durante más de veinte años".

La instructora ya expidió sin éxito a Andorra una primera comisión rogatoria el pasado mes de agosto, pero las autoridades del Principado le pidieron mayor concreción sobre los hechos investigados antes de aceptar su solicitud. Concretamente, la juez reclama información a Banca Privada de Andorra y a Andbank -tanto la suya propia como la procedente de Banc Agricole y Banca Reig que se fusionaron en ella- sobre los movimientos y extractos de las cuentas y depósitos de que sean titulares Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere, que en julio pasado regularizaron los fondos que tenían en el Principado mediante declaraciones complementarias.

La juez cree que esa diligencia es "imprescindible" para averiguar el origen de las cuentas de los Pujol en Andorra, "donde pudieran haberse depositado fondos provenientes de conductas delictivas" por parte de Jordi Pujol "durante la etapa en que desempeñó un relevante cargo público", en alusión a sus 23 años al frente del Ejecutivo catalán. Para la magistrada, también resulta necesario "identificar las fuentes de las que se nutrieron de fondos dichas cuentas o instrumentos financieros", por si, al estar situados fuera de España y "de forma opaca para las autoridades españolas, pudieran formar parte de un circuito financiero encaminado a disimular el posible origen delictivo de los mismos".

En su escrito, la juez Beatriz Balfagón advierte de que Jordi Pujol "no atendió el requerimiento" cuando se le pidió que acreditara la herencia de su padre y el origen de sus fondos y recuerda que, a través de Interpol, se ha tenido conocimiento de un procedimiento penal abierto contra él por blanqueo de dinero en la Princely Court of Justice de Liechtenstein. "Estos hechos por sí mismos resultan sospechosos de un delito contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales, por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero por más de treinta años, gran parte de los cuales transcurrieron durante la vida política activa de Jordi Pujol (...), lleva a pensar en que pudiera haber un entramado financiero creado por el ámbito familiar con el propósito de encubrir el origen delictivo del dinero", sostiene la magistrada.

La juez argumenta a las autoridades andorranas que "el único modo con el que se cuenta para poner en marcha la investigación judicial es todo lo relativo a esos fondos en el extranjero" y recuerda que al menos la esposa y los tres hijos de Pujol imputados en esta causa eran titulares de cuentas en Andorra, "no descartándose que pudiera también haberlas en otros países".

En opinión de la instructora, las medidas de investigación que reclama a Andorra son "proporcionales, ya que la gravedad de los hechos investigados debe prevalecer sobre los derechos fundamentales que se ven puestos en juego", y también son "idóneas, ya que pretenden investigar judicialmente hechos presuntos, pero fundadamente constitutivos de delitos". La juez pide que se dé respuesta a su solicitud de forma urgente, dada "la trascendencia pública de Jordi Pujol Soley y la alarma social generada por estos hechos en España".

La Oficina del Fraude requirió a los Pujol datos sobre sus fondos ya en 2013

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que depende de Hacienda, requirió a la familia de Pujol información sobre sus bienes y cuentas en España y el extranjero ya en enero de 2013, año y medio antes de que regularizaran y confesaran su fortuna en Andorra. En un informe remitido a la juez de Barcelona que investiga la fortuna del ex presidente catalán, la Agencia Tributaria comunica a la magistrada que ha suspendido su investigación administrativa sobre los fondos de los Pujol, mientras el caso esté en manos de la justicia.

En el escrito, la Agencia Tributaria informa a la juez de que inició su investigación sobre posible fraude fiscal de la esposa del ex presidente catalán, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere, en agosto de 2014, un mes después de que estos regularizaran los fondos que tenían en un banco de Andorra, mediante declaraciones complementarias, y su padre confesara la fortuna oculta.

Estas actuaciones de Hacienda, abiertas a lo largo de agosto de 2014, tenían como objeto comprobar la declaración de bienes y cuentas que estos cuatro miembros del clan Pujol tenían en España y en el extranjero en los ejercicios fiscales 2012 y 2013. Hacienda amplió posteriormente sus inspecciones a los ejercicios 2010, 2011 y 2012, para comprobar la correcta imputación temporal de la renta reconocida por los Pujol en sus declaraciones complementarias, que formalizaron en julio de 2014, pocos días antes de la confesión del ex presidente catalán.

De esta forma, según el informe remitido a la juez, las actuaciones de comprobación e investigación sobre Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere se iniciaron con posterioridad a la presentación de sus declaraciones complementarias. No obstante, Hacienda aclara en su escrito que la ONIF, encuadrada en la administración tributaria y dependiente del Ministerio de Hacienda, había cursado en enero de 2013 -un año y medio antes de la regularización y posterior confesión- requerimientos de información sobre los fondos en España y en el extranjero del clan familiar.

En concreto, esta solicitud de información, que se remitió a los afectados a finales de enero de 2013, alcanzaba a los bienes y cuentas de los que Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere fueran titulares tanto en España como en el extranjero entre los ejercicios 2008 a 2011. Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere regularizaron en julio de 2014 su fortuna oculta en Andorra, según su versión, a raíz de que se publicara en la prensa el dinero que tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA). Por este motivo, el 11 de julio de 2014 los Pujol transfirieron al Banco Madrid, vinculado a BPA, un total de 3,1 millones de euros con el único objetivo de regularizar la fortuna oculta y pagar parte de las multas que Hacienda les pudiera imponer.

En el escrito remitido a la juez, firmado por el delegado de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, Hacienda remarca que han suspendido las inspecciones abiertas a los Pujol en agosto de 2014 porque no pueden coexistir simultáneamente con una causa penal, como la que está abierta en el juzgado de instrucción de Barcelona. Por este motivo, Hacienda comunica a la juez que próximamente le remitirá un informe con los datos sobre la inspección que han llevado a cabo hasta ahora, así como una copia de los requerimientos de obtención de información girados por la ONIF y la respuesta que le dieron Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere.