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España

Rubalcaba acusa al PP de llevar la "bazofia" de ETA al Parlamento

  • El ministro del Interior señala que la banda terrorista miente, mientras el PP lo acusa a él de mentir y exige su dimisión.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que las actas que ETA levantó de sus reuniones con el Ejecutivo en 2006 son una "bazofia" llena de "mentiras y manipulaciones", mientras que el PP le ha acusado de ser él quien engaña y le ha exigido que se vaya.

Rubalcaba y el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro han protagonizado un duro enfrentamiento en la sesión de control al Gobierno del Congreso, en la que el primero ha asegurado que -en contra de lo que reflejan las actas intervenidas al exdirigente de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry- nunca hubo instrucciones políticas para que se dejara de detener a terroristas.

"Al contrario", ha dicho el titular de Interior, que ha recordado que, en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -que ha incorporado las actas a la causa en la que investiga el chivatazo que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión-, policías españoles y franceses, guardias civiles y ertzainas han manifestado que se les ordenó "apretar" a la banda.

Las explicaciones de Rubalcaba, que ha echado en cara al PP su "soledad" a la hora de llevar estos asuntos al Parlamento, no han convencido a Gil Lázaro, que ha considerado que las actas de ETA ponen "contra las cuerdas" al ministro y le ha exigido que abandone el cargo.

"Ante la ignominia de las actas de ETA, usted ya no tiene margen para más trucos, insultos, engaños, guasas y evasivas", ha dicho el diputado, que ha emplazado a Rubalcaba a decir "la verdad" y a marcharse.

Fuentes del PP han señalado a Efe que este partido no dará por roto el Pacto Antiterrorista pese a considerarse "engañado" por el Gobierno, pero han sostenido que esta postura es compatible con la insistencia en sus críticas a Rubalcaba por el caso Faisán, en el que ven una vía de desgaste de quien se vislumbra como posible sucesor del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, el presidente del Congreso, José Bono -cuya renuncia al cargo de ministro de Defensa fue una de las supuestas contrapartidas ofrecidas a ETA por el Ejecutivo, según publica  La Razón-, ha dicho que los etarras son asesinos a los que no se debe creer y ha advertido de que acabar con la banda es más importante que "ganar las elecciones".

Otras formaciones han decidido no entrar en el debate, y así el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha dicho que su partido "ni da ni deja de dar crédito" a las actas de ETA y se ha reconocido incapaz de juzgar la veracidad de los documentos.

El dirigente nacionalista ha advertido, no obstante, de que si finalmente se confirma que el Gobierno habló de cuestiones políticas con la banda lo denunciará. Por su parte, el presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz (UPN), ha manifestado que, pasara lo que pasara en 2006, lo importante es que ahora "no está en marcha ningún proceso de negociación" entre el Ejecutivo y ETA.

En la vertiente judicial del asunto,  se ha conocido que el Gobierno ha dicho al juez Ruz que no levantó sus propias actas de las reuniones con ETA, por lo que no podrá enviarle una copia como éste había solicitado.

Lo que sí hizo el Ejecutivo fue identificar a sus tres representantes en esos encuentros: el e xministro, ex  fiscal general del Estado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Javier Moscoso, el vocal de este último órgano José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren.

Ruz les ha interrogado ya como testigos para aclarar si en la reunión del 22 de junio de 2006, celebrada dos días después de la detención del dueño del bar Faisán como presunto miembro del aparato de extorsión de ETA, los enviados del Gobierno calificaron la operación como un "accidente grave" ante las quejas de la banda por la misma.

El magistrado también ha tomado declaración a varios mandos policiales que, según han informado fuentes jurídicas, le aseguraron que no existían "órdenes ni instrucciones" para bajar la presión policial contra ETA.

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