Habrá amnistía, no habrá referéndum de autodeterminación de Cataluña y el pacto deberá ser para toda la legislatura. Éste es el marco que el socialista Pedro Sánchez ha colocado en torno a la negociación de su investidura, cuyas conversaciones oficiales comienzan este mismo miércoles. No hay fecha para la sesión, se esperará a que esté madura, el límite que activa la repetición electoral es la del 27 de noviembre.

Sin nombrar la palabra -amnistía-, Sánchez ha dado por hecho que habrá una medida similar para los delitos relacionados con el proceso independentista de 2017, durante la rueda de prensa que ha dado en Moncloa poco después de haber recibido el encargo de Zarzuela. Será una ley -posiblemente, orgánica- que contará y necesitará de la mayoría absoluta del respaldo del Congreso y que pasará por una sentencia del Tribunal Constitucional. Sánchez cuenta con que el PP lo llevará ante este tribunal, pero sólo el Gobierno tiene la potestad de solicitar la suspensión mientras no haya fallo, por lo que la ley estará activa al menos dos años con independencia del resultado final. Puigdemont regresará y no entrará en la cárcel. La contestación será tremenda.

El problema de la amnistía es de márgenes -quiénes se beneficiarán y desde cuándo- y de justificación política, porque de esto último dependerá que la oposición de la opinión pública no sea lo suficientemente grave como para tumbar la investidura y al Gobierno. Sánchez ha dado la clave de la futura "exposición de motivos" de la ley, se argumentará la recuperación de la "convivencia", palabra talismán que los socialistas no dejan de pronunciar desde el pasado domingo, cuando el presidente en funciones intervino en un mitin en La Rinconada. Su argumentación es que los indultos de 2021 ya procuraron la rebaja de la tensión. Según el presidente, antes de esta medida de gracia tenía la "convicción" de su beneficio; ahora, tiene la "constatación".

Los márgenes temporales y el tipo de delito también son importantes, el Gobierno busca argumentaciones en la ley de amnistía de 1977 y en la de otros países europeos. Portugal la concedió en 1996 a Otelo Saraiva de Carvahlo, uno de los dirigentes de la Revolución de los Claveles que terminó participando en un grupo terrorista, el FP-25. El Reino Unido también tiene en trámite una amnistía para todos los crímenes cometidos en Irlanda del Norte entre 1968 y 1998. Se llama Ley de Legado y Reconciliación de Irlanda del Norte.

El argumento de la convivencia es válido, pero no es suficiente. Los indultos a los condenados han bastado para que la tensión bajase en Cataluña, tanto que Junts quedó en estas elecciones generales del 23 de julio por debajo del PP en votos y a una escasa distancia de Vox. ¿Por qué un paso más allá que además soslaya la actuación de la Justicia?