La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado este viernes de nuevo entrar a valorar el llamado 'caso Bárcenas' alegando que este asunto está "judicializado" y el Ejecutivo debe respetar esas actuaciones judiciales. También ha rehusado explicar en qué consiste una indemnización en diferido, como la que el PP dice haber aplicado al extesorero del PP, asegurando que ella no es experta en derecho laboral.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha sido preguntada si cree que la falta de explicaciones sobre este caso por parte del PP puede perjudicar al Gobierno. En su respuesta, como ha venido haciendo en semanas anteriores, ha dicho que no iba a hablar de asuntos que afectan a los partidos, máxime cuando se trata de temas que están "están judicializados". "Permítame que desde el Gobierno diga nuestro máximo respeto a las actuaciones y a la investigaciones judiciales", ha añadido.

A renglón seguido se le ha preguntado si podía explicar qué es una indemnización en diferido en forma de simulación, que fueron las palabras que empleó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para referirse al acuerdo alcanzado entre el PP y el extesorero del partido tras poner fin a la relación laboral.

"No me lo pregunta como portavoz de este Gobierno o como vicepresidenta. Tampoco mi especialidad es el derecho laboral y ya sabe usted que la Seguridad Social tiene sus propios letrados", ha declarado Sáenz de Santamaría. 

"Entiende" la preocupación por la corrupción

Después de que en este último mes Mariano Rajoy no haya ofrecido ninguna rueda de prensa se le ha pedido una valoración sobre las encuestas que dicen que el 80 por ciento de los votantes cree que se está produciendo un chantaje al PP por parte de Bárcenas. Sáenz de Santamaría ha dicho que "entiende" la preocupación de los ciudadanos por la corrupción y ha señalado que pondrán en marcha un paquete de medidas "muy ambicioso y muy profundo" para luchar contra ella.

En este sentido, ha recordado que Mariano Rajoy ofreció un pacto contra la corrupción a los demás partidos y ha añadido que en Debate sobre el estado de la Nación se aprobó una resolución en el Pleno del Congreso con una serie de medidas en ese sentido.

"Tenemos ese mandato, no solo del presidente del Gobierno sino también de las Cortes Generales, y respetando la independencia de los tribunales y la Fiscalía, nuestra voluntad es darnos más medios para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que se persigue la corrupción con todos los medios", ha resaltado.

Grupo de trabajo contra la corrupción

De hecho, ha Sáenz de Santamaría, ha anunciado que se ha creado ya un grupo de trabajo para poner en marcha las reformas legales contra para prevenir la corrupción que se aprobaron en el Debate de la Nación, que estará presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, pero al que también asistirán los subsecretarios de Presidencia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y de Hacienda.

Según ha explicado, este grupo se encargará de "poner en marcha" las distintas normas legales que se pactaron en las propuestas de resolución realizadas por los grupos en ese debate de política general, como la Ley de Control económico financiero de los partidos políticos o la ley orgánica reguladoras del ejercicio de las funciones públicas. El objetivo de este grupo es ponerlas en marcha "a la mayor brevedad posible", ha apuntado. Además, ha afirmado que el Gobierno también está entablado contactos con el Consejo de Estado para que estudie los aspectos que requieran un análisis más profundo y el Ejecutivo pueda tener el "asesoramiento de ese Consejo", ya que puede presentar informes y luego serán examinados por el Gobierno antes de la elaboración de las leyes.