LA Proposición de Ley que PSOE y Unidas Podemos han presentado ante las Cortes Generales para eliminar del Código Penal el delito de sedición superó ayer el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados. La mayoría que sostiene al Gobierno de esos dos mismos partidos, que integran todos en los que en su ideario defienden descomponer a España, impulsa con celeridad la derogación para que sea un hecho este mismo año.

Los partidos que intentaron rechazar esta amputación de parte de los mecanismos de los que se dotó el Estado para defenderse de quien quiera subvertir el orden constitucional, sostienen que el Ejecutivo, y singularmente su presidente, Pedro Sánchez, cede ante sus apoyos parlamentarios para asegurarse la continuidad en el Gobierno hasta el final de la legislatura. 

Cierto es. Y hasta obvio. Pero cuando esta cesión se hace a menos de doce meses de que concluya el mandato de las Cortes que los españoles otorgaron en noviembre de 2019 resulta chocante. Hay que preguntarse cuál es el porqué y el para qué de unas reformas impulsadas por un partido sistémico como el PSOE, con vocación de gobierno, si con ello va a generar el rechazo de quienes son –somos– contrarios a un ideario que busca la fragmentación de España. ¿Esta reforma busca exclusivamente satisfacer, que lo hace,  a los independentistas? Y la respuesta, lamento escribirlo, no puede ser afirmativa. Al contrario. El Gobierno legítimo del Reino de España defiende una revisión de lo que denominan el régimen del 78.

Y digo el Gobierno y no sólo su socio minoritario. El sanchismo, ése que ha sepultado al socialismo, participa, en línea con el proyecto iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero, de la cancelación de la idea de reconciliación que supuso la Transición, de la promoción de la polarización extrema y de la crispación máxima.

Cuando dentro de unas semanas en España ya no exista el delito de sedición, ¿cómo se va proteger el Estado de una declaración pacífica de una república en parte o la totalidad del Reino, o de una federación de repúblicas? No podrá aplicarse la rebelión si no media un alzamiento violento y público, que es la figura penal que protege al Estado y a las autonomías de esas conductas. Ni siquiera servirían, a priori, los delitos contra la Corona.

¿Y si la abolición de la sedición no es sólo una concesión a los separatistas? ¿Se está facilitando una proclamación republicana? Me lo pregunto con temor a responderme. Y aún más con un presidente, aunque sea ridículamente, que está seguro de que pasará a la historia.