Los 32 imputados por financiar a ETA a través de herriko tabernas han dicho que las acusaciones en esta causa intentan dinamitar la "oportunidad histórica" de paz de este "nuevo tiempo" y han invitado al Estado a participar en la solución dejando decidir al pueblo vasco su futuro. Esta última declaración ha sido leída en nombre de todos los acusados por el imputado Floren Aoiz, ex miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna, en el turno de la última palabra del juicio, que ha quedado visto para sentencia tras casi cinco meses desde su inicio en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y después de una investigación que el ex juez Baltasar Garzón comenzó a instruir hace doce años. Los acusados se enfrentan a peticiones de pena del fiscal que oscilan entre dos y cuatro años y medio de cárcel por delitos de pertenencia o colaboración con banda armada.

Según ha dicho Floren Aoiz, "el proceso ha culminado en un juicio político" en el que se les acusa por unas "ideas y en muchos casos por actividades relacionadas con la hostelería, la asesoría fiscal y la comercialización de alimentos". "Las discusiones políticas a nuestro entender no deben dirimirse en los tribunales de justicia", ha dicho en nombre de los acusados, y ha defendido su derecho a reivindicar la "independencia de Euskal Herría" y que la sociedad vasca tenga la última palabra.

Aoiz ha asegurado que "la sociedad vasca asiste con estupor e indignación a la intransigencia y cerrazón cuando no involución de otros agentes, especialmente de las instituciones del Estado español". Ha añadido que en el juicio "las acusaciones, lejos de sumarse a los esfuerzos de este nuevo tiempo, han querido convertir el proceso en un escenario donde alardear de su inmovilismo y revanchismo". "Cuando se abre una ocasión histórica para un tiempo de paz las acusaciones convierten este juicio en un intento de dinamitar estas expectativas queriendo encarcelarnos y confiscar" más de cien herriko tabernas y asociaciones culturales, ha destacado.

Para los acusados "no es momento de llenar cárceles sino de afrontar el conflicto político de fondo y cerrar la etapa de confrontación violenta". El presidente de la Sala, Ángel Hurtado, le ha interrumpido, cuando Aoiz ha dicho que el planteamiento de las acusaciones fuerza al tribunal a tener que "optar entre formar parte del problema o contribuir a su solución". El magistrado ha considerado que no podía aludir al tribunal de esa forma cuando aún no se ha pronunciado y que se limitara a contestar a las acusaciones.

Tras quedar excluido del proceso, entre otros, el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, ya condenado por el caso Bateragune, este juicio comenzó el 17 de octubre del año pasado con 36 acusados, aunque cuatro días más tarde dejaron el banquillo dos de ellos, al haber prescrito el delito de pertenencia a banda armada que se les imputaba. Otros dos imputados quedaron eximidos el pasado día 6 al ser retiradas las acusaciones contra ellos tanto por el fiscal como por las organizaciones que ejercen la acción popular, la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.

De esta forma han permanecido hasta el final en el banquillo 32 acusados, entre ellos los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufino Etxeberría, que se enfrentan a una petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel por pertenencia a banda armada en grado de responsables, al igual que los imputados Jose Federico Álvarez Forcada, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro.

El fiscal retiró en la vista la acusación para nueve imputados y rebajó sus peticiones de penas para los demás, al pasar de una horquilla de entre ocho y doce años de cárcel a un abanico de dos a cuatro y medio por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento. Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia mantuvieron sus peticiones de penas de entre ocho y doce años de prisión para los acusados y retiraron la acusación para dos de ellos, que abandonaron el banquillo el pasado día 6.

Durante la jornada de hoy han informado los abogados de más de un centenar de asociaciones culturales y recreativas que se han opuesto a que estas entidades sean condenadas al decomiso de sus bienes por una supuesta gestión de las herriko tabernas como locales usados como instrumento para financiar a ETA. Estos letrados han explicado que las herriko tabernas "son bares de pueblo que apenas tienen para cubrir sus necesidades" por lo que se han preguntado: "¿Cómo van a financiar a ETA?".