El presidente catalán, Artur Mas, ha firmado el decreto de nombramiento de la junta electoral que controlará la eventual consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional, un día antes de reunirse con los partidos proconsulta para decidir qué pasos dar para avanzar en el proceso. Paralelamente, la Mesa del Parlamento catalán, con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, ha decidido recusar al presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y al magistrado Pedro José González-Trevijano para que se abstengan de intervenir en los recursos de la consulta del 9N al cuestionar su imparcialidad por su militancia en el PP o su afinidad ideológica con este partido.

Con la firma del decreto por parte de Mas, el presidente de la Generalitat da un primer paso en el desarrollo de una ley que está suspendida por el Constitucional. El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha admitido que se está estudiando cómo crear las comisiones territoriales, que equivalen a las juntas electorales provinciales, sin que ello afecte a los funcionarios que tienen que formar parte de ellas.

Mientras, los líderes de ERC, Oriol Junqueras, de ICV-EUiA, Joan Herrera, y de la CUP, David Fernéndez, han mantenido reuniones para formar un frente común antes de la reunión del viernes con Mas, y han coincidido en que el Govern no debe hablar de elecciones anticipadas y seguir preparando la consulta del 9-N.

Para acatar en este caso la decisión del Constitucional, la Generalitat ha retirado el anuncio interno para seleccionar el personal que debía trabajar el 9-N y mantiene congelado el registro de catalanes en el extranjero, entre otras cuestiones que forman parte de los preparativos de la consulta. Pero los partidos proconsulta quieren desplegar con urgencia el operativo electoral porque creen que si cuestiones como el registro de población no están listas antes del 12 de octubre se pondrá en cuestión las condiciones democráticas de la consulta.

ERC y la CUP ya han dejado claro que no comparten el acuerdo del Govern de dejar en suspenso la campaña institucional de la consulta. Pero la postura de los republicanos y de la CUP va más allá, porque Junqueras no quiere ni oír hablar de escenarios alternativos al de la consulta del 9 de noviembre y rechaza de plano "especular" sobre si puede haber elecciones catalanas anticipadas. En consonancia con este criterio, Junqueras descarta abordar la posibilidad de formar una candidatura unitaria de los partidos soberanistas, y entiende que en la cumbre y en las reuniones bilaterales que se celebran estos días "sólo hay que hablar del 9-N".

Más taxativo se ha mostrado al respecto el diputado de la CUP David Fernández al indicar a los periodistas que espera que al presidente Mas no se le ocurra hablar de escenarios alternativos o "planes b", porque en este caso él se levantaría de la silla y abandonaría la reunión. Joan Herrera, por su parte, coincide con Junqueras y Fernández en recalcar que lo que les une es la consulta y la voluntad de que los catalanes voten, por lo que tampoco considera que en la cumbre deba hablarse de escenarios alternativos. El líder ecosocialista, que ya se reunió también con David Fernández, pedirá a Mas que les facilite los informes jurídicos de que dispone el Govern para tratar de mantener la consulta, para conocer el margen de maniobra de que se dispone in vulnerar la legalidad.

Asimismo, el director general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, ha remitido una carta a los agentes en que les recuerda su obligación de "actuar con neutralidad política e imparcialidad", incluso cuando estén fuera de servicio, ante los "acontecimientos políticos y sociales" que vive Cataluña.

En este contexto, el plazo para que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la suspensión de la convocatoria de la consulta soberanista catalana ascenderá a un mínimo de varias semanas, durante las cuales deben ser consultadas las partes y buscado un consenso sobre los fundamentos jurídicos del fallo. Fuentes jurídicas han explicado que existen algunos plazos procesales mínimos que limitan la urgencia con la que el alto tribunal puede resolver sobre las medidas provisionales, el primero de los cuales es dar traslado a las partes personadas en el procedimiento para que argumenten, un trámite que habitualmente se extiende durante cinco días.