Los jueces decanos de España han reclamado este miércoles más medios personales y materiales para aumentar la eficacia en la lucha contra la corrupción, aunque han reconocido que "no son optimistas" en que las medidas que solicitan vayan a recibir una respuesta por parte del Gobierno.

El juez decano de Palma de Mallorca, Francisco Martínez Espinosa, portavoz de los más de 40 jueces decano reunidos desde el pasado lunes en Sevilla en las jornadas nacionales que cada año reúnen a estos magistrados, ha explicado a los periodistas que actualmente los medios con los que cuentan los magistrados para luchar contra la corrupción son escasos y ha enumerado hasta ocho medidas con las que se debe de dotar “urgentemente” a los juzgados de Instrucción, además de que han abogado por una "auténtica regeneración ética de la sociedad en todos sus aspectos" para poder combatir la corrupción, lo que a juicio de los decanos pasa por la "concienciación y el cambio de parámetros y valores inculcados como parte de la educación".

A pesar de los escasos medios con los que cuentan, los decanos consideran que la respuesta que se está dando desde la Justicia "es mucho más que digna".

Entre las reclamaciones de los jueces destacan las medidas de "apoyo o refuerzo" de los instructores, tanto en lo que se refiere al trabajo del propio juez –mediante la asignación de jueces de refuerzo-, como una mayor dotación de medios personales y materiales. Así los decanos entienden que habría que excluir del reparto de asuntos a los jueces que investigan casos de corrupción y articular un mecanismo para que pudieran ser asistidos por otros jueces, "ya sea en prácticas o de apoyo" para colaborar en la instrucción de la causa.

Ese refuerzo también debe extenderse a las plantillas de funcionarios de los juzgados y de los cuerpos de auxilio a la Administración de Justicia, aspecto en el que consideran que "sería deseable" la creación de un cuerpo nacional de peritos contables, integrados por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados", como ocurre con el cuerpo de médicos forenses.

Los jueces decano también consideran necesario que se "potencien" las unidades de Policía Judicial "con efectiva y verdadera dependencia funcional de los jueces a los que asisten", o que se cree un cuerpo de policía judicial "funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial".

Otro aspecto destacado de las medidas que demanda pasa por garantizar "la seguridad de los jueces" como factor fundamental para asegurar su independencia y en este aspecto consideran de especial importancia que se adopten medidas preventivas para "mejorar la protección de los jueces, en particular de los que instruyan causas relacionadas con la corrupción y delincuencia organizada a gran escala, el terrorismo y los crímenes de lesa humanidad".

Se pretende evitar situaciones como la que vivió hace unos meses la juez Mercedes Alaya, que fue abucheada e insultada a su llegada a los juzgados por un grupo de sindicalistas durante la segunda fase de la operación Heracles. Los decanos instan al Ministerio del Interior para que aquellos jueces de instrucción que en cada caso tramiten causas relacionadas con la corrupción sean "protegidos especialmente, articulándose las medidas oportunas al efecto por parte de las fuerzas políticas". En el caso de Alaya, la magistrada cuenta ya con un servicio de escolta policial.

En materia legislativa, los decanos también abogan por la supresión de la posibilidad de que en los delitos de corrupción se pueda suspender el cumplimiento de las penas en caso de que se solicite el indulto, y también consideran que habría que excluir estos delitos del enjuiciamiento por los jurados populares por la “especial complejidad” que tienen.

De otro lado, los decanos han expresado su rechazo frontal a cualquier "injerencia política" en la designación y funcionamiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial, y lamentan especialmente la "nada deseable imagen que se ha transmitido a la sociedad como consecuencia de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos nombramientos se han repartido los partidos políticos mediante las ya habituales cuotas previamente pactadas".

Para los decanos, el sistema español de elección parlamentaria de los vocales, que se instauró en 1985, transmite una "terrible imagen de contaminación política que incluso afecta la presiden de la institución" y además entienden que “no parece que sea ésta la manera en que se va a conseguir la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y lo más sangrante es que frente a ello poco se puede hacer, ni siquiera con el ejemplo que supone el trabajo diario de los jueces”.

Por último, los decanos se ponen a los nuevos tribunales de Instancia y denuncian los intentos por acabar con la figura del juez decano, "último residuo de elección democrática de cargos judiciales por la carrera, cuyo modelo de designación electiva debería, por el contrario, extenderse al resto de cargos judiciales".