España

La defensa de la infanta Cristina pide que se archive la causa contra ella

  • Los abogados de la hermana del Rey rechazan la posibilidad de que el juez Castro abra juicio contra ella porque no hay "absolutamente ningún antecedente" de una acusación en estas mismas circunstancias.

El despacho del abogado Miquel Roca ha solicitado al juez de Palma José Castro el sobreseimiento de las actuaciones contra la infanta Cristina en el caso Nóos al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla ni la Agencia Tributaria ni ninguna acusación particular. Roca, quien ha reiterado también la intención de la infanta de depositar la cantidad que la Fiscalía ha calculado para ella en concepto de responsabilidad civil (600.000 euros), ha anunciado la presentación de este escrito en declaraciones a los periodistas tras participar en una mesa redonda sobre procesos judiciales y medios de comunicación, organizada por el Consejo General de la Abogacía.

Los abogados de doña Cristina han hecho la petición de sobreseimiento al día siguiente de que las partes acusadoras entregaran sus conclusiones determinando a quién acusan, de qué delitos y qué penas piden en el marco del caso Nóos, y de que solo el sindicato Manos Limpias haya mantenido la acusación contra la infanta y le pida 8 años de cárcel.

Para Roca, el escrito del fiscal Pedro Horrach le ha facilitado la presentación del suyo, ya que hay "una construcción muy sólida para defender el sobreseimiento" con respecto a la infanta Cristina. "Sobre esa base pedimos explícitamente el sobreseimiento al amparo del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", precepto que, según ha explicado, establece que cuando no hubiere acusación pública ni particular el juez acordará el sobreseimiento. Todo ello, independientemente de la aplicación de la llamada doctrina Botín (establecida por el Tribunal Supremo en 2007 y que supone que la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo), ya que en todo caso, según Roca, es "a mayor abundamiento" en lo que ya propugna dicho artículo.

Según el abogado, que durante la mesa redonda ha advertido de la vulneración de la presunción de inocencia en los medios de comunicación, aunque no lo ha querido extrapolar a la situación de su clienta, sí que ha dicho que aunque la presunción de inocencia de la infanta se hubiera visto afectada, tiene la satisfacción de haber tenido a su favor la defensa de la Fiscalía. "Desde un punto de vista personal -ha continuado-, la infanta puede tener la satisfacción de ver cómo desde la acusación pública se sostiene lo que nosotros hemos venido defendiendo", aunque no ha negado que desde "la perspectiva de esposa de su marido" la acusación contra Iñaki Urdangarín, para quien el fiscal pide 19 años de prisión, "le debe pesar y mucho".

En cuanto a la consignación de la cantidad calculada por el fiscal en concepto de responsabilidad civil, ha expuesto que la acusación no es penal, sino que lo que dice el fiscal es que aún no conociendo el origen ilícito "la infanta es responsable civil de esta cantidad". Por ello, tiene previsto depositar ese dinero para que una vez extinguida "la responsabilidad penal con el sobreseimiento que postulamos y extinguida la responsabilidad civil", desde el punto de vista procesal, "esto se habría terminado" para la infanta. El dinero, ha dicho, lo obtendrá "de pólizas abiertas" por parte de su marido, algo que Roca garantiza que es "correcto". "Aquí hay una pareja con muy buena relación y en la que, no tan solo uno y otro se consideran inocentes, sino que se reconocen la inocencia el uno al otro. Eso es muy importante", ha desvelado.

"Nunca se ha juzgado a nadie en sus circunstancias"

La defensa de la infanta Cristina rechaza la posibilidad de que el juez Castro abra juicio contra ella porque no hay "absolutamente ningún antecedente" de una acusación en estas mismas circunstancias. Los abogados de doña Cristina han registrado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que piden al juez que archive la causa contra la infanta Cristina en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y de la llamada doctrina Botín.

El letrado Jaume Riutord ha explicado ante los juzgados de Palma que el escrito de alegaciones registrado "analiza el contenido del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina Botín", para establecer cuál es la posición de la infanta Cristina en este tema, "por estar en una situación procesal insólita". El escrito de alegaciones se ha presentado ante la posibilidad de que el juez Castro pueda decidir abrir juicio oral contra la infanta Cristina, a pesar de que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han formulado acusación contra ella.

"Nos encontramos en un procedimiento en el que están personados tanto Fiscalía como Abogacía del Estado, imputándose un delito fiscal y habiendo comparecido la Abogacía del Estado en representación y defensa de la Agencia Tributaria, y consideramos clarísimo que es de aplicación dicha doctrina", ha afirmado Riutord. Riutord ha asegurado que la doctrina Botín, que está "absolutamente consolidada", lo impide.

Los jueces de la Audiencia de Palma señalaron en el auto donde mantuvieron la imputación de doña Cristina que "existe un matiz" que diferencia el caso de Botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió Urdangarin, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar por este tipo delictivo. Riutord ha calificado de "una consideración procesalmente extemporánea y sorpresiva" ese matiz introducido por la Audiencia en su auto del 7 de noviembre porque se produjo antes de que se conocieran los escritos de acusación, si iba a formularse acusación contra la infanta o no, y no se podía saber si sería o no de aplicación la doctrina Botín a este caso.

Sobre si acusar a otras personas por delito fiscal (Iñaki Urdangarin sí es acusado por Fiscalía y Abogacía del Estado) permitiría abrir juicio oral contra doña Cristina, Riutord ha insistido en que "todos los antecedentes" existentes "y la interpretación esencial, que es el criterio del Tribunal Supremo, informan en relación a que no es posible". "No encontramos absolutamente ningún antecedente en el sentido que parece apuntarse en las consideraciones finales del auto de la Audiencia Provincial", ha detallado Riutord, en cuyo escrito se dan al juez Castro "múltiples ejemplos" de la aplicación de la doctrina Botín. "En buena lógica no es entendible que se pueda estar hablando de esa interpretación que se aleja del criterio sentado en doctrina firme por el Tribunal Supremo", ha dicho sobre un eventual juicio contra la infanta.

Si se abriera juicio contra ella, Riutord ha señalado que la defensa de la infanta comparte el criterio del fiscal Anticorrupción de que se estaría generando indefensión a doña Cristina "por pura aplicación de un criterio de igualdad", tal como manifestó Pedro Horrach en el escrito de acusación. "En todos los antecedentes judiciales con los que contamos, el criterio ha sido muy diferente al que parece apuntarse, pero estamos a la espera de ver cuál es el contenido del auto de apertura de juicio oral, y en su caso, si cupieran, de los recursos que se pudieran interponer", ha afirmado. Riutord ha dicho estar convencido de que el juez Castro "conoce perfectamente" tanto la Lecrim como la doctrina Botín.

El letrado ha recordado que durante la instrucción de este caso, el juez ha recibido el auxilio de los miembros de la Agencia Tributaria y ha mantenido la imputación por delitos fiscales en contra del criterio de dichos expertos. "No conozco antecedentes en los que la posición del instructor pase por encima de la posición de la Agencia Tributaria, pero nos encontramos ante situaciones anómalas o insólitas", ha afirmado. Según Riutord, tras conocer la acusación contra ella, la infanta Cristina "está tranquila y confiada en que la resolución sea conforme a derecho".

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