Las "deplorables" condiciones de Arguineguín no son delito
El Gobierno insiste en repatriar a los irregulares y rechaza de nuevo el traslado a la Península

Las Palmas · Madrid/La juez que se hizo cargo de la denuncia de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) por el trato que reciben los inmigrantes en el muelle de Arguineguín decidió archivarla, al considerar que la situación del campamento es "efectivamente deplorable", pero no constituye delito alguno.
La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su juicio, se estaba produciendo en el campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, donde han llegado a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad, pero al registrarla sí manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen "responsabilidades penales" en el Gobierno.
"El examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presutamente constitutivos de infracción criminal", argumenta la juez Yanira del Carmen Gozález, que inspeccionó el campamento el pasado viernes, cuando había más de un millar de personas en su interior, para conocer en persona cuál era la situación.
Cuando la regidora del Ayuntamiento donde se encuentra el muelle de Arguineguín interpuso su denuncia, el 28 de octubre, había en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta en ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.
Un nuevo rescate de un grupo de 45 inmigrantes subsaharianos que navegaba en un cayuco a cinco millas al sur de Gran Canaria eleva a 120 el número de personas desembarcadas por Salvamento Marítimo en Arguineguín. Esta última expedición de inmigrantes auxiliada en aguas cercanas a Gran Canaria tomó tierra con buen estado de salud.
Mientras, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, rechazó este lunes trasladar a migrantes de Canarias a la Península como reclaman sus socios de Podemos y el Gobierno canario y apostó por repatriar a los que estén en situación irregular. "Facilitar el acceso a la Península sería tanto como normalizar los flujos y entendemos que no es esa la vía ni va a resolver la presión de Canarias", dijo Ábalos preguntado sobre la posición de Pablo Casado, que pide repatriar de forma "inmediata" a los inmigrantes de Arguineguín.
A su vez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que el líder del PP, Pablo Casado, demuestra tener un "pequeño conocimiento" sobre el problema de la llegada de inmigrantes. El Gobierno, dijo, está haciendo una "política migratoria seria".
El presidente de Gran Canaria cree que Marruecos "chantajea" a España
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), sostiene que el aumento "repentino" en la llegada de pateras responde a un intento por parte de Marruecos de "presionar" y "chantajear" a España "utilizando a Canarias como moneda de cambio" para que "no se interponga en sus planes expansionistas" en el Sahara.
En un artículo de opinión difundido por el Cabildo, Morales vincula la presión migratoria que sufre Canarias, que se ha intensificado de forma notable desde septiembre, con las leyes aprobadas por Rabat para ampliar su espacio marítimo en colisión con las aguas españolas y con el "ataque del Ejército marroquí a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente" en Guerguerat.
"Sólo hace falta ver la concatenación de los hechos para llegar a la conclusión de que Marruecos está utilizando a Canarias como moneda de cambio para presionar al Estado español y que éste no se interponga en sus planes expansionistas sobre nuestras aguas y sobre el Sahara Occidental, así como para evitar que asuma un papel más activo como potencia colonial del Sahara y exija la celebración del referéndum y la culminación del proceso de descolonización de este territorio", arguye.
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