El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dejado este martes en libertad a los cinco miembros de la CUP detenidos entre este lunes y este martes por no comparecer el pasado viernes a la citación judicial por quemar fotos del Rey en la manifestación convocada por la izquierda independentista en la última Diada.

Andreu ha adoptado esta decisión al no haber pedido la Fiscalía medidas cautelares para lo detenidos, quienes en su comparecencia se han acogido a su derecho a no declarar, según ha informado a los periodistas el abogado de dos de ellos, Eduard Caliz. Según el letrado, han quedado todos ellos en libertad con la única obligación de comparecer cuando sean llamados por el tribunal.

Los dos últimos detenidos este martes, Nora Miralles y Roger Santacana, lo han sido cuando se trasladaban en la mañana de este martes en autobús para apoyar a los otros tres compañeros arrestados -Iván Altimira, Jordi Almiñana y Aitor Blanc-, con los que finalmente han tenido que comparecer también este martes ante el juez por un delito de injurias a la Corona.

El abogado, que se ha presentado además como portavoz de la izquierda independentista, ha calificado lo sucedido de "juicio político" y de "persecución política a la libertad de expresión" y ha destacado que la Audiencia Nacional "no tiene legitimidad sobre la soberanía del pueblo catalán". Ha considerado por ello que se trata de un "ataque frontal" a la soberanía de los "països catalans" "y a la libertad de expresión", por lo que entiende que no cabe más que el archivo de las actuaciones. "También consideramos un insulto a la inteligencia el hecho de que en pleno siglo XXI se persiga y se detenga por parte de un estado que se autodenomina democrático a militantes por el único hecho de quemar una fotocopia", ha criticado.

Ha tildado además de "increíble" que "un gobierno del Principado de Cataluña que se denomina independentista tenga un departamento de Interior con una persona al frente que persigue militantes de oficio, dentro de una manifestación legalmente convocada, y se dedique a detenerlos y entregarlos a la guardia civil", en clara alusión a Jordi Jané, cuyo "cese inmediato" está reclamando la CUP.

El juez Andreu imputó a los cinco jóvenes por un delito de injurias a la Corona después de que en la manifestación convocada por la izquierda independentista en la última Diada una decena de personas, a cara descubierta, quemaran fotografías de Felipe VI y, en su reverso, una fotocopia de la portada de la Constitución.

El juez citó a declarar a los cinco independentistas, pero todos ellos se negaron a comparecer, ya que, según aseguraron en una rueda de prensa el pasado 2 de diciembre, su objetivo era "desobedecer" al magistrado ya que consideraban que no es delito quemar imágenes de una institución que a su juicio ha "reprimido a los Países Catalanes".