El Gobierno aprueba un anteproyecto para frenar la gestión privada de la sanidad
La norma deroga la ley del Ejecutivo de Aznar que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios ante la proliferación de modelos privados en las últimas décadas.
El Ministerio de Sanidad ha llevado hoy al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.
El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar.
Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.
Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional.
Unos modelos que, además, según Sanidad, obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.
La privatización, además, se vincula, según el Gobierno, con una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad asistencial y a la sostenibilidad del sistema.
En el texto se define la gestión directa y se limita la indirecta a situaciones excepcionales. La permite sólo cuando no sea posible la prestación directa, cuando se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan una serie de requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Estas fórmulas de gestión indirecta requerirán una evaluación previa que se realizará por comités técnicos.
Con la norma se eliminarán también fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio.
El anteproyecto ahonda en la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación de servicios sanitarios y fija mecanismos para asesorar a las instituciones que aborden procesos de reversión de la privatización, con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.
Además de derogar la ley de 1997, el anteproyecto modifica el artículo 67 de la ley General de Sanidad de 1986 e introduce una cláusula en la ley de contratos del sector público para priorizar a entidades sin ánimo de lucro en casos de empate.
Se impedirá que se utilicen contratos donde una empresa privada se encargue tanto de la construcción del hospital como de la gestión de los centros sanitarios posteriores.
Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento, y se aplicará la nueva normativa a los procedimientos futuros.
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