Más mesas de diálogo, algo de literatura y la ley de amnistía. Ésa son las tres elementos del acuerdo firmado este jueves en Bruselas entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Más allá de la amnistía, que será grande y muy generosa, el texto acordado es una relación de las discrepancias entre el PSOE y Junts sobre el referéndum de independencia y el pacto fiscal para Cataluña. Un memorial de agravios. Hay, no obstante, una novedad en el planteamiento de Carles Puigdemont: ya no defiende un referéndum unilateral, sino uno que quepa en el artículo 92 de la Constitución.

Es un reconocimiento importante que coincide con la negativa de ERC y Junts a respaldar hoy en el Parlamento de Cataluña una iniciativa de la CUP sobre la celebración de un referéndum unilateral. Este artículo permite al Gobierno convocar un referéndum sobre cuestiones de gran relevancia con la autorización del Congreso. Pero el acuerdo no recoge su celebración, sino la discrepancia en este punto de Junts con el PSOE, que es partidario de votar un nuevo Estatuto. En realidad, no es más que una repetición de lo que el Gobierno de España ya tienen reconocido con la Generalitat en la Mesa de Diálogo para Cataluña. Ahí sólo se sienta ERC, ya que Junts no forma parte del Ejecutivo catalán.

Ocurre lo mismo con el pacto fiscal, una suerte del cupo vasco que es una reivindicación del año 2012: el documento recoge que Junts quiere sacar a Cataluña de las comunidades de régimen general (para darle la consideración de foral) y el PSOE, que aspira a mejorar la financiación autonómica. Eso sí, Junts ha arrancado al PSOE que esa negociación y sus acuerdos serán verificados por una mediación internacional.    

El mundo del independentismo catalán es una cordillera balcánica donde Junts y ERC están enfrentados y atrincherados. Y el documento tiene mucho de armisticio con el PSOE de verificador. Junts venderá que ha conseguido sentar al Gobierno en una mesa bajo sus condiciones y ERC, que logra que el partido de Carles Puigdemont se avenga a la vía de los acuerdos.

Los sustancial del documento es la ley de amnistía, que se extiende desde 2012 a 2023, para que incluya todos los delitos relacionados con las dos convocatorias de referéndums de independencia, el de 2014 y el de 2017. Incluido la imposición de las multas del Tribunal de Cuentas, que afecta de modo especial al ex presidente Artur Mas. El texto de la amnistía sigue sin conocerse, porque el PSOE tiene que terminar de cerrarlo con todos los partidos de la investidura.

Sí hay una mención al lawfare, lo que se entiende como guerra judicial entre la oposición y el Gobierno mediante el uso de los tribunales. La futura ley de amnistía recogerá que se tenga en cuenta esta estrategia para posibles derivadas judiciales de futuras comisiones de investigación. Santos Cerdán ha aclarado lo mollar: si la redacción de la ley de amnistía se ha retrasado es por la reciente imputación de Puigdemont por terrorismo en la investigación que realiza el juez García Castellón sobre Tsunami Democràtic.