El Tribunal Constitucional (TC), al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento catalán sobre la independencia promovido por el Gobierno, da por buena la petición de éste sobre el apercibimiento y puede llegar a suspender a 21 altos cargos de las instituciones catalanas.

El tribunal notificará personal, nominal y directamente la suspensión a la presidenta del Parlamento y de la Mesa, Carme Forcadell, y al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y en su caso a la persona que para el desempeño del cargo de presidente de la Generalitat resulte nombrado en la investidura. Además, al vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Corominas; al vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra; a la secretaria primera, Anna Simó; al secretario segundo, David Pérez; al secretario tercero, Joan Josep Nuet; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, y al secretario general del Parlamento, Pere Sol.

También lo son los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat: la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; Presidencia, Francesc Homs; Gobernación y Relaciones Institucionales Meritxell Borrás; Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; Enseñanza, Irene Rigau; Salud, Boi Ruiz; Interior, Jordi Jané; Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila; Cultura, Ferran Mascarell; Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta; Empleo y Ocupación, Felip Puig, y el consejero de Justicia, Germá Gordo. "Y, en su caso -pedía el Gobierno-, quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento de Cataluña".