El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso del PP contra el decreto ley de 2021 relativo a la suspensión de los desahucios y lanzamientos a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma que traigan causa de un proceso penal.

El Pleno del TC rechaza por mayoría el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados contra varios incisos del real decreto de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

La sentencia descarta que se hayan vulnerado, como sostiene el PP, los límites fijados por la Constitución en relación con el uso del decreto ley por afectar a los derechos de propiedad, de ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos y a la ordenación de las instituciones básicas del Estado.

"Una medida que responde a una finalidad de interés social, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus", añade.

Sobre esta setencia han formulado un voto particular discrepante los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, que entienden que la disposición impugnada supera uno de los límites de la Constitución.