Cuatro testigos declaran por el caso de presunto tráfico de influencias del alcalde de Estepona

La sección civil y el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Estepona ha iniciado este viernes las declaraciones del caso por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias por el que se investiga al alcalde de Estepona, José María García Urbano, y a otras cinco personas por la concesión de una licencia de restauración en un edificio municipal a una empresa vinculada a la pareja del hijo del regidor, según han informado fuentes próximas al procedimiento.

El Ayuntamiento ha defendido por su parte que “no ha existido ninguna ilegalidad ni ningún delito” por parte de los investigados, que están llamados a declarar a la sede judicial el próximo 30 de enero, incidiendo en que han sido “funcionarios públicos” los que han velado por la “legalidad” del procedimiento.

El caso deriva de una investigación realizada por el Grupo I de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial (UDEF-UDEV), iniciada tras el concurso público convocado en 2023 para la explotación de un espacio de titularidad municipal. El resultado fue trasladado al Ministerio Fiscal, que interpuso una denuncia en julio del pasado año ante el Juzgado Decano de Estepona.

En concreto, este viernes han comenzado las declaraciones de 4 testigos del procedimiento, que se encuentra en fase de instrucción, es decir, que se están practicando diligencias de investigación tras la denuncia, según han apuntado fuentes cercanas al caso. En la cita, estos han respondido a las preguntas efectuadas por la Fiscalía, las acusaciones populares y las defensas.

El próximo viernes, 30 de enero, están citados a declarar los investigados a las 10:00 horas, entre los que se encuentran el alcalde, la presidenta de la mesa, el secretario municipal, el interventor del Ayuntamiento y dos técnicos municipales.

La investigación se sigue por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la autorización de apertura de un negocio de restauración, en la que supuestamente se habrían omitido los requisitos exigidos por la normativa vigente, según la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga.

La concesión del espacio municipal recayó en una empresa cuya “socia única y administradora era la pareja del hijo del alcalde”, según la denuncia. En concreto, las pesquisas se centraron en la concesión de las plantas décima, undécima y duodécima de la torre del Mirador.

La Fiscalía subraya que la investigación se llevó a cabo como consecuencia de la “alarma social generada ante la sospecha de que se adjudicaba a personas vinculadas con el alcalde de dicha localidad y precisamente por dicha vinculación”. Al procedimiento concurrieron únicamente dos sociedades y finalmente resultó adjudicataria la empresa relacionada con familiares del regidor.

El Ayuntamiento defiende que no ha habido “ninguna ilegalidad"

Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona ha defendido que “no ha existido ninguna ilegalidad ni ningún delito por parte del alcalde, ni del interventor, ni del secretario, ni de los técnicos municipales que llevaron a cabo la licitación y posterior adjudicación pública”.

De este modo, ha subrayado que “han sido funcionarios públicos, no cargos políticos, los que han participado y velado en todo momento por esa legalidad en todo el procedimiento”, destacando que “hay tranquilidad absoluta por parte del alcalde, de la Corporación y de los funcionarios municipales”.

Según ha señalado, “la licitación y posterior adjudicación por parte de los técnicos municipales se realizó con total transparencia y publicidad, siguiendo todos los procedimientos que establece la ley”. A ello ha agregado que “las condiciones de dicho contrato fueron establecidas por los técnicos municipales en el pliego”, remarcando que ambas no han sido objeto de “impugnación” durante el plazo de exposición pública ni tras la adjudicación ni por parte del otro licitador.