Citan a declarar al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo

Un juzgado de Estepona ha citado a declarar en enero al alcalde de la localidad, José María García Urbano, que gobierna bajo las siglas del PP, por la concesión de una licencia de restauración en un edificio público municipal a una empresa vinculada a la pareja de su hijo. La investigación se sigue por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según han confirmado a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las actuaciones se tramitan en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Estepona, que investiga al primer edil y a otras cinco personas por supuestas irregularidades en la autorización de apertura de un negocio de restauración, en la que, según la denuncia, se habrían omitido requisitos exigidos por la normativa vigente.

La denuncia fue interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y se dirige contra el alcalde y los integrantes de la mesa de contratación que otorgó la concesión. Junto a García Urbano figuran como investigados también la presidenta de la mesa, el secretario municipal, el interventor del Ayuntamiento y dos técnicos municipales.

El Juzgado tiene previsto tomar declaración a todos el próximo 30 de enero. Además, ha citado a dos testigos para el día 23 de ese mismo mes para que aporten su testimonio sobre los hechos que se están investigando.

La Fiscalía presentó la denuncia ante el Juzgado Decano de Estepona solicitando que se investigara al alcalde y a los miembros de la mesa de contratación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La concesión del espacio municipal recayó en una empresa cuya administradora y única socia era la pareja del hijo del primer edil.

Existen, según el escrito del Ministerio Público, “indicios fundados” de que los hechos podrían encajar en los citados tipos delictivos. Las actuaciones se apoyan en una investigación realizada por el Grupo I de Blanqueo de la Brigada Provincial de Policía Judicial (UDEF-UDEV), iniciada tras el concurso público convocado en 2023 para la explotación de un espacio de titularidad municipal.

En concreto, las pesquisas se centraron en la concesión de las plantas décima, undécima y duodécima de la torre del Mirador. La Fiscalía subraya que la investigación se llevó a cabo como consecuencia de la “alarma social generada ante la sospecha de que se adjudicaba a personas vinculadas con el alcalde de dicha localidad y precisamente por dicha vinculación”. Al procedimiento concurrieron únicamente dos sociedades y finalmente resultó adjudicataria la empresa relacionada con familiares del regidor.

En sus diligencias de investigación penal, el Ministerio Público solicitó que el juzgado requiriera al Ayuntamiento de Estepona la remisión de los expedientes completos de contratación, con traslado tanto a la Fiscalía como a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Asimismo, interesó la citación de los agentes de la UDEF para la ratificación de los atestados e informes, así como de los responsables de la mercantil investigada y de los denunciados.

Frente a estas acusaciones, fuentes municipales consultadas en su momento defendieron la legalidad del procedimiento y negaron la existencia de cualquier conducta delictiva. Según estas fuentes, tanto el alcalde como los miembros de la mesa de contratación afrontan el proceso con “tranquilidad y confían en poder acreditar ante la autoridad judicial que la adjudicación se ajustó a la normativa”.

Este procedimiento se suma a otro frente judicial abierto contra el alcalde de Estepona. El pasado 5 de diciembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad acordó prorrogar seis meses la instrucción que lo investiga por una presunta malversación de caudales públicos, relacionada con la contratación como cargo de confianza en el Ayuntamiento de una amiga “íntima”, que llegó a declarar ante el juez que no acudía a trabajar.

A finales de noviembre trascendió que García Urbano devolvió los 5.200 euros correspondientes a esa contratación, una actuación que, de confirmarse los hechos, podría suponer una atenuación de una eventual pena en caso de condena.