Quince años después de que se abriera el caso Astapa contra la corrupción político-urbanística en Estepona, el procedimiento judicial encara el juicio después de que se haya designado la sección en la que se va a celebrar la vista oral.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga será la encargada de celebrar el juicio y ya se ha designado el ponente de la sentencia, según una diligencia judicial a la que ha tenido acceso Efe, y en la que todavía no se precisa cuando se va a celebrar. En dicha resolución judicial se indica que se está a la espera de recibir la totalidad de las actuaciones y tras examinar que viene íntegra se dará traslado a dicho magistrado.

La llegada de la causa a la Audiencia Provincial de Málaga se ha producido después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona acordara remitir la causa a Málaga para que se turnara y se determinara qué sala iba a celebrar la vista oral.

Uno de los abogados defensores de la causa, José Carlos Aguilera, ha denunciado a EFE que “Astapa será la causa más larga de nuestro proceso penal y donde las dilaciones indebidas sean las de mayor magnitud de la historia”.

El fiscal presentó su escrito de acusación el 27 de junio de 2018 y ha solicitado diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos.

El ex regidor está acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, según el escrito provisional, que acusa a 51 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales y se pide el sobreseimiento de 39.

Barrientos siempre ha defendido que actuó dentro de la legalidad y mantiene que nunca se ha enriquecido o ha obtenido beneficio fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor al tiempo que incide en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE, que los informes policiales y de la Agencia Tributaria están “plagados de errores”.

La investigación se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas presentaron en Madrid, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)) del Cuerpo Nacional de Policía, un escrito acompañado de abundante documentación en el que denunciaban que en el entorno del Ayuntamiento de Estepona se podían estar cometiendo delitos relacionados con la corrupción.

En el escrito acusatorio del fiscal, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, “que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales”.

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.

Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística.