La Junta de Andalucía y Estepona han rubricado este martes el convenio para la recepción por parte de la Administración regional de una parcela cedida por el Ayuntamiento para la construcción de la nueva sede judicial de la localidad, un proyecto que ya cuenta con una partida en el presupuesto autonómico del presente ejercicio de 239.992 euros para licitar la redacción del mismo.

El acuerdo ha sido firmado por parte de la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano, tras aprobar el Consejo de Gobierno en febrero la adscripción en propiedad a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de dicha parcela cedida por el Ayuntamiento de Estepona.

A su vez, el Pleno de Estepona acordó en octubre de 2019 su cesión mediante mutación demanial subjetiva a favor de la comunidad autónoma de Andalucía, de la parcela EQ1 del Sector SURO-R4 ‘Las Mesas’, destinada a acoger la futura sede de los órganos judiciales ubicados en dicha localidad.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local consideró de interés la aceptación de la cesión, que finalmente fue aprobada a propuesta de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea y tras la deliberación del Consejo de Gobierno.

La adscripción oficial ha quedado refrendada hoy en el acto de firma y recepción de la finca por parte de la delegada del Gobierno y de Hacienda, quien ha señalado que “tras muchos años de espera y de ofrecimientos por parte del Ayuntamiento a anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía, por fin este nuevo gobierno concreta los proyectos y cumple con sus objetivos de reforzar y mejorar las sedes judiciales de la provincia y en concreto las de Estepona”.

Por su parte, el alcalde de Estepona ha destacado “la receptividad y el compromiso mostrado por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía para desbloquear y solventar de una forma definitiva la problemática existente” en el municipio respecto al estado de las sedes judiciales.

La cesión se produce después de las reuniones mantenidas entre el actual Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Estepona, en las que el Consistorio se comprometió a aumentar la edificabilidad de la parcela y la Consejería a dotar de fondos al proyecto en los presupuestos andaluces.