La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha dejado este martes visto para sentencia el juicio a la ex alcaldesa de Estepona Rosa Díaz y a otras dos personas, que actuaban como liquidadores de entidades públicas, por supuestas irregularidades en la venta y adjudicación de parcelas a un precio inferior al de mercado a través de sociedades municipales.

La Fiscalía de Málaga acusa a Díaz y a otro de los procesados por un delito continuado de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, solicitando para cada uno de ellos en sus conclusiones iniciales la pena de tres años de prisión, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.

Asimismo, el ministerio público acusó al tercer procesado, en ese momento tesorero municipal, por su participación como liquidador, por un delito de fraude a la administración en concurso con otro de prevaricación, por lo que pidió dos años y medio de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años. También se instó a declarar la nulidad de la venta.

La acusación pública ha mantenido sus conclusiones provisionales que presentó en 2015. El juicio comenzó este pasado lunes, en el que declararon los acusados; mientras que en la sesión de este martes se han practicado cuatro periciales sobre la valoración de las fincas, apuntando desde la defensa de la exregidora a la "discrepancia" respecto del valor del metro cuadrado de suelo de los terrenos.

Los hechos juzgados sucedieron en 2001 y 2002. El fiscal considera que la que fuera alcaldesa y los otros dos acusados, estos como liquidadores de dos entidades públicas, "se pusieron de acuerdo para beneficiar" a dos mercantiles en el proceso de enajenación de varias fincas".

Para ello "realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para favorecer a aquellas empresas en el proceso de adjudicación", de forma que "infringieron de forma deliberada diversas normas".

Asimismo, el ministerio público sostiene que los procesados "se apartaron del interés público" de forma que adjudicaron las fincas "por un precio muy inferior a su valor de mercado, causando así un grave perjuicio a los intereses patrimoniales de las arcas municipales".

Según el fiscal, en 2001 se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas con valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital. Ese acuerdo fue elevado a público en marzo de 2002 mediante escritura pública en la que participó la acusada en representación del Ayuntamiento y los otros dos procesados, como liquidadores mancomunados de la entidad municipal.

En una junta general de la sociedad, en la que, según la acusación pública, estaban presentes los acusados, se acordó la venta de dichas fincas a la mejor oferta recibida tras el anuncio de enajenación publicado en agosto en un diario deportivo. Esta oferta fue realizada por una empresa por un valor de 3,5 millones de euros, tras lo que se acordó su venta a la misma, se otorgó escritura de compraventa y se elevó a pública.

Para el fiscal, estas operaciones de traspaso y enajenación se llevaron a cabo "a precio muy por debajo del valor de mercado y de todo ello eran conocedores los acusados, causando un grave perjuicio a los intereses patrimoniales del municipio", ya que las fincas han sido tasadas pericialmente en total entre los ocho y los diez millones de euros.

Asimismo, en la misma comisión de gobierno de 2001 se traspasaron a otra sociedad, en este caso Planeamiento Estepona XXI, otras fincas, también como ampliación de capital. En este caso, relata la Fiscalía, se siguió el mismo proceso, interviniendo la exalcaldesa y uno de los acusados, como liquidador de la entidad municipal. También la junta general acordó la venta, en este caso, por 1,9 millones de euros a otra empresa, cuando el precio era superior.

Según ha recordado el abogado defensor de la exalcaldesa, José Carlos Aguilera, el auto de apertura de juicio oral se dictó en 2015, aunque esto "no ha sido suficiente para que la representante del ministerio fiscal tome en consideración que concurre la atenuante de dilaciones indebidas y se ha limitado a elevar a definitivas las conclusiones provisionales".

Por eso, por vía de informe, esta defensa ha solicitado al Tribunal que reconozca en sentencia que se ha vulnerado el derecho constitucional de los acusados a un proceso sin dilaciones indebidas y su libre absolución.

El abogado ha indicado que "cuando se acordó aportar las fincas a las sociedades municipales para que las vendieran ella no era alcaldesa", apuntando que "se limitó a elevar a público el acuerdo de la comisión de gobierno sobre cesión de esas parcelas".

Inicialmente el juicio se iba a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 8 pero al final se trasladó el enjuiciamiento a la Audiencia provincial por cuestiones de competencia.