Casi tres lustros después de que los vecinos de El Candado iniciaran su lucha en los tribunales contra la ampliación de las instalaciones de la cementera de La Araña han conseguido inclinar la balanza de su lado. Y lo hacen con una nueva sentencia contraria a los trabajos ejecutados en 2003, que incluyeron el recrecimiento de la torre desde los 20 metros a los 114 metros actuales. En este caso el dictamen judicial tumba el plan especial acordado por el Ayuntamiento de Málaga justo cuando la asociación vecinal consiguió su primera sentencia favorable. Lo aprobó meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejara sin efecto la licencia de obras, con la intención de amparar la ampliación de la empresa, que quedaba fuera ordenación. Pero, ¿qué pasa ahora?

El TSJA acaba de cuestionar la política urbanística seguida por el Ejecutivo local en ese plan especial, aunque el mismo sigue vigente hasta que se resuelva el recurso que la empresa que gestiona la cementera (Sociedad Financiera y Minera, SA) tiene previsto presentar. "Seguiremos defendiendo las actuaciones realizadas en la fábrica de Málaga, que son conforme a la legalidad establecida, mediante la aportación de la documentación necesaria ante los órganos judiciales", explicó el pasado jueves Tomás Azorín, director comercial y de marketing de la cementera.

Los vecinos mantienen posturas encontradas entre el acuerdo o continuar la lucha

Los vecinos, representados en esta lucha judicial por el abogado Gonzalo García Weil, se felicitan ante este nuevo varapalo judicial contra el Ayuntamiento y la fábrica de cementos. Aunque continúan divididos entre los que quieren negociar con la empresa una compensación, a cambio olvidar las demandas judiciales, y los que insisten en seguir en la lucha para que se ejecuten las sentencias contra la fábrica. Precisamente la Asociación de Vecinos El Candado se reunió el pasado mayo con la intención de debatir un posible acuerdo con la cementera. Consistiría en desistir de las acciones legales emprendidas durante estos años a cambio de que la empresa acometa una serie de mejoras medioambientales, aparte de otras indemnizaciones económicas que se negociarían. El tema se consiguió aparcar, pero cada vez son más los residentes desanimados por el respaldo institucional que recibe la fábrica, además de por la falta de apoyo de colectivos vecinales de la zona y de defensa del medio ambiente. La cementera lleva años intentando un acercamiento con los vecinos. Hace dos años también se llegó a realizar un encuentro similar en la asociación para tantear a los residentes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la cementera, pero no salió adelante.

También en unión con la Asociación de Vecinos de El Palo, los residentes de El Candado han iniciado recientemente conversaciones con el Ayuntamiento para negociar una serie de mejoras ambientales en la zona. Por el momento han conseguido el compromiso de que en 2018 se instalarán varios medidores con los que se controlarán las emisiones de la cementera.

En 2012 fue cuando se dictó al primera sentencia a favor de los vecinos. El fallo judicial declaraba nula la licencia de obras de ampliación concedida por el Ayuntamiento en 2003 para las obras de ampliación. Desde que declaró firme, los vecinos han llegado a pedir la ejecución de la sentencia hasta en cinco ocasiones ante el TSJA, lo que conllevaría la demolición de la obra, incluida la torre de 114 metros, sin llegar a conseguirlo. El Ayuntamiento justificó entonces que con el plan especial aprobado, la ampliación quedaba amparada y dentro de ordenación. El problema viene ahora, cuando el TSJA ha tumbado con una nueva sentencia también este acuerdo municipal con el que se le dieron encaje a los trabajos acometidos. De confirmarse el fallo habrá que esperar a ver qué postura adopta el Ejecutivo local.

Pero esta no son las únicas sentencias a favor de los vecinos, hay otra aún pendiente de ratificar que invalidaría la autorización ambiental de Medio Ambiente de 2007 -necesaria para el desarrollo de la actividad-, aparte de investigación penal abierta por un Juzgado de Instrucción de la capital, precisamente por el visto bueno a este estudio medioambiental, a pesar de que la propia empresa reconocía unas emisiones por encima de lo que marcaba la ley, al menos durante algunos años. No obstante, por lo que pudiera pasar, la Junta ya ha aprobado una nueva autorización en abril de este mismo año, que los vecinos anunciaron que recurrirían.

La fábrica de cementos de La Araña.